RCR, 06 de Noviembre 2024.- Carlos Gálvez, ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), advirtió que los intereses subalternos están impulsando la minería ilegal en el Perú, lo que complica el desarrollo de proyectos mineros responsables como el de Tía María en Arequipa y El Algarrobo en Piura.

“Lo que hacen es promover la minería ilegal y buscan que no haya oportunidades de inversión y de crecimiento para que no haya puestos de trabajo y se dificulte la vida del ciudadano de aquí”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

Gálvez destacó que quienes operan en la minería ilegal están registrados en el REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) y explotan a jóvenes trabajadores atraídos por los altos precios del oro. Mientras que las ONG’s ambientalistas se concentran en protestar contra la minería formal, sin abordar las actividades ilegales que fomentan esta explotación.

“Los dirigentes o representantes de ONG ambientalistas, que en realidad son los extorsionadores de siempre, ellos son los que hacen dinero, ganan con estas causas en contra de la actividad formal, pero se hacen de la vista gorda precisamente de toda la actividad ilegal. Ellos se presentan como ambientalistas, pero en realidad no dicen nada del atentado a los derechos humanos que están promoviendo”, manifestó.

En ese sentido, expresó que la ampliación del REINFO no es la solución adecuada para proteger y formalizar a los pequeños mineros y mineros artesanales. Consideró que se debe buscar un ordenamiento de la minería que garantice la proyección de la vida de los trabajadores y el medio ambiente.

“Tenemos que hacer que tengan sus concesiones, o que tengan contratos de cesión, si es el caso, tiene que haber un ordenamiento, lo primero que tiene que haber es cuidado y protección de la vida y del medio ambiente”, subrayó.

Finalmente, Gálvez sostuvo que la Ley MAPE (Minería Artesanal y Pequeña Minería) busca fomentar la capacitación y formalización del sector minero, fundamental para el manejo de explosivos y sustancias químicas.

“La ley MAPE plantea que la gente tenga un ordenamiento del sitio donde va a trabajar, para que sus trabajadores tengan el entrenamiento debido y sepan cómo manejar explosivos, así como un ordenamiento en la comercialización de explosivos y de sustancias químicas para que no contaminen el medio ambiente y se proteja la vida”, concluyó.

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