RCR, 25 de octubre de 2024.- César Zamora, economista y analista político, señaló que la minería ilegal en Cajamarca es impulsada por la falta de firmeza por parte de las autoridades regionales, un marco legal permisivo y la intervención de ONGs.
“Lamentablemente hay intervenciones de ONGs, para sacar de manera sistemática a la minería formal y mediana que está supervisada y fiscalizada, de tal manera que genera en la población un desconcierto. Con figuras tibias de las autoridades, en este caso de la autoridad regional, sencillamente se da todas las condiciones para la minería ilegal”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Zamora destacó la debilidad del marco jurídico, particularmente del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que, según él, ha fracasado en ordenar la minería pequeña y artesanal. “Estamos hablando de 2 mil versus cerca de 60 mil solicitudes para inscripción. Solo 2 mil apenas han podido cumplir. Además, tenemos un presidente del Congreso muy vinculado con la minería ilegal, ese es el incentivo de arranque”, precisó.
Asimismo, criticó la falta de capacidad logística del Gobierno Regional y la Dirección Regional de Minería de Cajamarca, permitiendo que la minería ilegal avance en la extracción del oro y genere millones de dólares en ingresos ilícitos.
“Estamos ante un problema que ya cundió en el sur, ya cundió en Pataz, y está entrando con fuerza en Cajamarca, y hasta ahora no encontramos una respuesta efectiva”, declaró.
Sostuvo que, para frenar la minería ilegal, las empresas formales del sector deben exigir acción de las autoridades. “El principal actor en poner en alerta todo esto debe ser la minería formal, haciendo comunicados contundentes y presionando a las autoridades para que cumplan su rol. No puede ser que, como minería formal supervisada, le exijan y hagan de la vista gorda a la minería ilegal que está destrozando el medio ambiente y la economía de los cajamarquinos”, remarcó.
Finalmente, Zamora advirtió que algunas ONG’s actúan con intereses financieros y políticos, malinformando y presionando a la población rural.
“Las ONG’s son los que organizan para que las autoridades de las comunidades presionen a sus comuneros para que protesten y si no hacen caso, les cortan los servicios. Esto es un plan que obedece y tiene éxito en función de los incentivos que da el Congreso de la República, las autoridades regionales y la corrupción que cunde en los niveles intermedios de las fuerzas del orden”, concluyó.
