Al momento de emitir la sentencia, los magistrados reflejaron un extenso repaso histórico de los acontecimientos del caso y sumaron ejemplos de otros países que presentaron conflictos similares. Asimismo, exhibieron todos los planteos y las actuaciones efectuadas por ambos países dentro del litigio territorial y marítimo, considerando tratados y convenios invocados por las dos partes.

Así, tras cinco años desde que Bolivia demandara a Chile en la Corte, se dirime un histórico conflicto que plantea importantes cortocircuitos entre las naciones en disputa. Sobre ello, vale repasar que las resoluciones de la CIJ son inapelables y deberían cumplirse sin objeciones.

No obstante, una de las principales características del derecho internacional es que no existe el denominado ‘poder de policía’, es decir, una fuerza coercitiva que obligue a los países a cumplir las resoluciones. En otras palabras, si el Estado que pierde el conflicto en los tribunales se niega a acatar el fallo, la consecuencia sería someterse a algún tipo de sanción internacional, que debería determinarse en su debido momento, pero el cumplimiento de la orden dependerá de las autoridades locales.

La lectura del histórico fallo tuvo en vilo a ambos países, que frenaron sus actividades cotidianas para escucharlo. Por su parte, el presidente chileno, Sebastián Piñera, siguió la transmisión en vivo desde el Palacio de La Moneda, mientras que el mandatario boliviano, Evo Morales, se hizo presente en la Corte y tomaba apuntes sobre los argumentos allí manifestados.

Para repasar el inicio del conflicto hay que remontarse a 1833, cuando finalizó la guerra del Pacífico que enfrentó a Chile con sus enemigos, Bolivia y Perú. Por ese motivo, las naciones que perdieron la batalla debieron desprenderse de ciertos territorios: el país que hoy reclama su salida al mar tuvo que entregar el Departamento del Litoral, una extensión de 120.000 kilómetros cuadrados que incluye 400 kilómetros de costa, añorados en la actualidad.