Lima 21/10/2024.- Funcionario público fue separado de sus funciones por obtener beneficios indebidos.

En su compromiso firme con la transparencia y el cumplimiento estricto de las normas, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) emitió la Resolución Jefatural N° 000137-2024-UP-OGA/IPD el 3 de octubre de 2024, imponiendo una medida cautelar contra el presidente del Consejo Regional del Deporte (CRD) de Cajamarca, Luis Fernando Soriano Ramírez, separándolo de manera inmediata de sus funciones debido a graves acusaciones de actos ilícitos que transgreden las normas éticas y legales de la función pública.

El IPD tomó esta decisión tras una exhaustiva investigación que reveló la magnitud de las irregularidades cometidas por Soriano Ramírez. El servidor utilizó su posición para obtener beneficios indebidos, vulnerando flagrantemente los principios de la Ley del Código de Ética de la Función Pública (Ley N° 27815) y la Ley del Servicio Civil (Ley N° 30057). Estas faltas, consideradas graves, se encuentran tipificadas en el artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, que establece sanciones severas para este tipo de conductas.

Antes de esta medida, Soriano Ramírez ya había sido suspendido por 15 días sin goce de haber, desde el 3 de junio de 2024, luego de que las investigaciones preliminares señalaran su implicación en serias violaciones a la normativa. Pese a haber sido reincorporado el 22 de junio de 2024, las contundentes evidencias llevaron al IPD aplicar la medida cautelar para salvaguardar los principios de transparencia y garantizar que la legalidad prevalezca mientras se culmina el proceso disciplinario.

El IPD advierte que no habrá concesiones para quienes violen la confianza pública y transgredan las leyes. Este tipo de sanciones se implementan como una advertencia firme para todos los funcionarios públicos: cualquier incumplimiento a las normativas será sancionado con el máximo rigor, en defensa del deporte nacional y la ética en la administración pública. Este caso debe servir como un claro y contundente ejemplo de las consecuencias que enfrentarán aquellos que quebranten la ley, en perjucio de la institución.