Insta al diálogo transparente y recuerda que Ejecutivo y minera deben cumplir compromisos asumidos con la población.
RCR, 14 de noviembre de 2016.- El congresista Richard Arce, de las filas de Frente Amplio, subrayó la necesidad de que los interlocutores de las comunidades campesinas del área de influencia del proyecto minero Las Bambas (provincia de Cotabambas, Apurímac) sean sus autoridades legítimamente elegidas, presidentes comunales y dirigentes de frentes de defensa locales porque otros individuos ajenos a estas localidades carecen de representatividad y probablemente responden a otros intereses.
En entrevista a RCR, Red de Comunicación Regional, el representante por la región Apurímac observó que asesores, abogados y otros individuos que no pertenecen a estas comunidades pueden apoyar las demandas de estas localidades, pero de ninguna manera atribuirse su representación porque no cuentan con legitimidad, esto tras ser consultado sobre el protagonismo en la zona del activista Rodmy Cabrera Espinal.
Medios de comunicación del sur han recordado que Cabrera Espinal es un activista proveniente de Camaná (región Arequipa) y entre otras campañas, participó en las manifestaciones violentas contra el proyecto Tía María en la provincia arequipeña de Islay.
Arce Cáceres, resaltó que las protestas no se circunscriben a cuatro comunidades del ámbito de Las Bambas (Quehuira, Ayahua, Choqueca y Pumamarca que se movilizaron por el uso de la carretera para el transporte de minerales y que genera polvo cuya solución es su asfaltado) sino, a la exigencia del cumplimiento de compromisos por parte del Ejecutivo y la empresa MMG Las Bambas a favor de la población, respuestas que serán necesarias para recuperar su confianza.
Como es público, el Poder Ejecutivo a través de una comitiva presidida por el vicepresidente de la República y ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, participó el 22 de octubre en una mesa de diálogo con las comunidades ubicadas en la zona de influencia de Las Bambas, y propuso un período de cuarenta y cinco días para proponer un plan de desarrollo para Cotabambas.
El parlamentario señaló que el diálogo debe ser transparente y la solución deberá ser integral pues, entre otras demandas, las comunidades exigen tener conocimiento de las modificaciones del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, otros aspectos sobre la participación comunal en los beneficios que genera la producción minera, la generación de puestos de trabajo y que los lugareños sean proveedores de la empresa.
Otra demanda es la indemnización económica de parte de MMG Las Bambas por el uso de tierras comunales durante los últimos doce años y que permitió a la postre las operaciones mineras.
En otro momento el legislador destacó que el nuevo gobierno debe entender que las comunidades campesinas de las áreas de influencia de los proyectos extractivos son los aliados estratégicos de estas inversiones.
