RCR, 16 de agosto de 2024.- Stephani Maita Uría, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), dijo que los mineros ilegales en Perú extraen casi la mitad del oro que se produce en Sudamérica. Advirtió que la minería ilegal de oro origina otras actividades ilícitas vinculadas al lavado de activos y la corrupción, incrementa la inseguridad y además ahuyenta a las inversiones formales.
“El valor total de lo producido en oro ilegal rodea casi los 5,000 millones de dólares que es incluso mucho más de lo que generan otros países que también tienen minería ilegal en Sudamérica, como por ejemplo Bolivia, Ecuador, Colombia. De hecho, la producción ilegal de oro en Perú es casi la mitad de todo lo que se produce en Sudamérica”, dijo en la secuencia “Radar económico” de RCR.
Señaló que esas actividades ilegales han ido ganando terreno principalmente en zonas de frontera. “Esto ha facilitado que redes de crimen organizado tengan mayor presencia en estas zonas y confluye una mayor cantidad de productos tanto de insumos como por ejemplo productos químicos, explosivos, mercurio, como los productos que terminan siendo comercializados ilegalmente como el oro ilegal o incluso la pasta básica de cocaína”, indicó.
Enfatizó que con el crimen organizado vienen también asociadas otras actividades ilegales, como pasa en Madre de Dios. “Se ha reportado, por ejemplo, un incremento constante de la criminalidad en particular en zonas que son más afectadas por estas actividades. Por ejemplo, el caso de madre de Dios que es uno de los principales enclaves de la minería ilegal en el país ha sido uno de los principales afectados. Sabemos que la criminalidad en esta región es bastante mayor que el resto del país”, afirmó.
“Por ejemplo, hablando solamente de delitos a mano armada el porcentaje de víctimas de este tipo de crímenes es casi el triple de lo que se ve en promedio a nivel nacional. Además, también otras actividades de la economía formal pueden verse también afectadas por un mayor entorno de inseguridad y vulnerabilidad en general. Tenemos por ejemplo que varias empresas producto de esta mayor percepción de inseguridad viene incrementado sus costos de seguridad para tratar de hacer frente a estas amenazas”, expresó.
También dijo que la mayor presencia de estas actividades ilegales genera un entorno de inseguridad en las inversiones. “Esta inseguridad puede afectar el normal funcionamiento de cualquier actividad a nivel nacional no solamente de las que están directamente vinculadas en la región y esto puede generar sobre costos a nivel de las empresas además claramente de afectar a la ciudadanía los niveles de bienestar en general de la población”, aseveró.
Advirtió que puede llegar a afectar y comprometer el crecimiento del país como conjunto en un mediano, largo plazo en la medida que se incremente esta percepción de inseguridad. “Además, puede incluso retrasar o porque no anular la posibilidad de nuevas inversiones que vienen del extranjero”, apuntó.
“Hemos visto también seguramente mayor conflictividad en torno por ejemplo a zonas mineras. Hemos visto que muchas veces ha retrasado la ejecución o el desarrollo de proyectos de grandes proyectos de inversión que tienen un potencial alto de generar no solo crecimiento sino también empleo contribuir a la mejora de los ingresos de la población y con eso también incluso reducir la pobreza”, subrayó.
