Fuente: ASBANC

En los últimos 5 años se incorporaron 1 millón 300 mil personas al sistema financiero y 6.7 millones tiene algún tipo de producto crediticio al 2017, reveló el viceministro de Economía, Hugo Perea.

Lima, 14 de septiembre 2018.- Los beneficios de la inclusión y educación financiera van más allá de los aspectos financieros pues además de incrementar los nivel de formalidad en el país e incrementar la recaudación tributaria, también tienen un impacto importante en reducir la corrupción y la inseguridad ciudadana, dos de los principales problemas del país.

Así  lo aseguró Fernando Arrunátegui, presidente del Comité del Sistema de Relaciones con el Consumidor de ASBANC durante la ceremonia de inauguración del I Congreso de Inclusión y Educación Financiera (CIEF 2018), que se desarrolla en la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC). Se contó también con la presencia del viceministro de Economía, Hugo Perea, y del decano de la Facultad de Economía de la UPC, Carlos Adrianzen.

Fernando Arrunátegui aseguró que la inclusión financiera a través del uso de medios digitales genera huella y trazabilidad y la corrupción tiene un campo de cultivo fértil cuando las transacciones se hacen en efectivo. “La Unidad de Inteligencia Financiera ha hecho un trazado bastante importante de lo que son este tipo de operaciones frutos de la corrupción y es indudable que cuanto más inclusión financiera tengamos, más huella tendremos de estas operaciones corruptas”, enfatizó.

Agregó que la inclusión financiera también ayuda a reducir la inseguridad pues si una persona guarda dinero efectivo tiene un gran riesgo de perderlo frente a una persona que tiene su dinero en un producto financiero. “Incluso en los desastres, hemos visto casos de personas que perdieron todo su dinero por no tenerlo en sistemas más seguros”, puntualizó.

Enfatizó que la inclusión financiera tiene múltiples beneficios para el país. “No sólo incluye a las personas en la economía, sino también facilita la formalidad, la recaudación tributaria, reduce la defraudación y, como vemos, también puede ayudar a reducir la corrupción y a darle mayor seguridad a los ciudadanos”, apuntó.

En ese sentido, consideró que la inclusión y educación financiera merece ser impulsada. “Ese impulso debe venir por un trabajo coordinado entre el Estado, del sector privado y de la academia” concluyó.

Tareas pendientes

Por su parte, el viceministro de economía Hugo Perea reconoció que en el Perú y el mundo se han dado importantes avances en inclusión financiera pero todavía existe una gran tarea para el Estado y el sector privado.

Citó cifras del Global Findex del 2017, según la cual, más de 1,200 millones de personas adultas pobres en el mundo carecen de servicios como cuentas bancarias y pagos digitales, a pesar que el 40% tiene teléfono celular y acceso a Internet. “Este indicador también revela que la inclusión financiera de las mujeres es aproximadamente de un 10% menor a la que registran los hombres. Como se ve, el espacio para seguir avanzando en la inclusión financiera es significativo” señaló Perea.

El viceministro agregó que en el ámbito peruano, la estrategia de inclusión financiera se desarrolló el 2015. “Desde ese momento, se han logrado avances importantes tales como el uso del dinero electrónico (BIM), la plataforma Págalo.pe, las mejoras en el marco legal y operatividad del factoring, de los agentes corresponsales, los microseguros, entre otros”, comentó.

Reveló que durante los últimos 5 años se incorporaron 1.3 millones personas al sistema financiero local, superando las 6.7 millones con algún tipo de producto crediticio al 2017.

“El Banco Mundial indica que promover inclusión financiera debe ser un objetivo prioritario. Su impulso no sólo debe darse desde el gobierno sino es una tarea de todos. El Ministerio de Economía está comprometido con el diseño, conducción e implementación de políticas orientadas al desarrollo de los mercados financieros y de la inclusión financiera” aseveró.

Finalmente, Carlos Adrianzen decano de la Facultad de Economía  de la UPC, mostró su optimismo por la actual situación del Perú al que calificó como un país emergente que ha destacado por su crecimiento económico en los últimos años. Sin embargo, uno de los retos es la bancarización. “Los índices de inclusión financiera en el Perú han mejorado pero igual siguen siendo bajos. La capacidad de los propios bancos es crear productos inclusivos y generar demanda por servicios financieros” refirió.

Comentó que la inclusión financiera no implica demagogia, sino reglas estables que faciliten que la mayor parte de nuestra gente que no tiene servicios financieros, la tengan. “Este desafío incluye un esfuerzo entre las entidades privadas y públicas para lograrlo” aseveró el académico.