Su abogado defensor, Ángel Delgado Silva, refirió que debe determinarse la existencia o no de una “persecución política” en perjuicio del titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, en el proceso de autorización que se está analizando en el Congreso para la acusación constitucional. A su juicio, consideró que Pedro Chávarry tiene que legitimarse, fundamentalmente, a partir de su propia actuación.
RCR, 13 de septiembre. La exclusión de Pedro Chávarry de la titularidad de la Fiscalía de la Nación es promovida y respaldada por una conjunción de intereses mediáticos, políticos, empresariales y de altos funcionarios gubernamentales afectados por el caso de corrupción Lava Jato, denunció su abogado defensor, Ángel Delgado Silva.
“Claro. Y no se trata de criminales cualquiera. Se trata de los más altos funcionarios el Estado, expresidentes de la República, exministros de Estado, las más grandes empresas, vinculadas a los medios de comunicación más importantes, el club de la construcción. Estamos hablando de estudio de abogados, de gente de mucha influencia”, enumeró.
En diálogo con Red de Comunicación Regional (RCR), Delgado Silva refirió también que debe determinarse la existencia o no de una “persecución política” en perjuicio del titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, en el proceso de autorización que se está analizando en el Congreso sobre la acusación constitucional en su contra.
“Y sobre ello, me remito a todas estas manifestaciones promovidas por determinados sectores de opinión o personas con funciones políticas y por intereses de que no se conozca la verdad en el caso Lava Jato”, remarcó.
Insistió en que la Constitución del país establece que los altos funcionarios del Estado solamente pueden ser acusados o procesados cuando hay de por medio un antejuicio político, una autorización.
En ese sentido, el jurista concordó con su defendido en que se le está ejerciendo un “linchamiento político y mediático”, por lo que -anotó- “esta expresión es absolutamente exacta”.
Adujo que las irregularidades que se le imputan a su patrocinado “no constituyen faltas, no son infracciones y, menos, son delitos”, y que “están al margen de la función propia de la Fiscalía de la Nación”.
“Se pretende descalificarlo y sacarlo de este importante puesto, a partir de un conjunto de mecanismos, ninguno de las cuales están contemplados en la Constitución para remover al Fiscal de la Nación o para su nombramiento. Su mandato depende de lo que dice la Constitución y las leyes”, sostuvo.
Rechazó igualmente que se pretenda comparar la situación de Chávarry con la del expresidente de la Corte Suprema, Duberli Rodríguez, al indicar que los actos del segundo tienen que ver con la función jurisdiccional, mientras que lo imputado al Fiscal de la Nación “son conversaciones totalmente ajenas” a dicha función.
“En el caso del Fiscal del Nación, en ningún momento hemos conocido ninguna imputación que tenga que ver con el tipo de investigaciones que ha desarrollado o que no ha cumplido. En ningún caso se le acusa a él de haber incumplido con su deber funcional. A él no se le ha perdido ningún expediente”, alegó.
A su juicio, consideró que Pedro Chávarry tiene que legitimarse, fundamentalmente, a partir de su propia actuación; y que ese es el parámetro para medir si camina conforme a lo que dice la Constitución.
“Si él avanza en sus investigaciones. Si sigue abriendo nuevos caminos de conocimiento. Si sigue descubriendo cosas, encarcelando a corruptos y denunciando a gente mafiosa, va a tener el respaldo de la ciudadanía, más temprano que tarde. Al contrario, si él entra en debilidad y entrega el cargo a Pablo Sánchez, la Fiscalía de la Nación va a estar secuestrada por un grupo de gente que no tiene escrúpulos y cuyo tema de fondo es esconder la corrupción de Lava Jato”, sentenció.
