Fuente: Capital Humano y Social Alternativo
CHS Alternativo recuerda que está pendiente que el Ejecutivo rinda cuentas ante el Pleno del Congreso sobre el cumplimiento de metas y objetivos en la lucha contra este crimen.
En el Día Mundial contra la Trata de Personas, CHS Alternativo recordó que cada año se registran en el Perú un promedio de 5,400 denuncias por este delito, lo que representa 15 denuncias al día, según la información proporcionada por el Sistema de Gestión Fiscal del Ministerio Público, que entre 2018 y abril de 2022 contabilizó más de 29,400 denuncias. Se estima que del total de víctimas, el 85% son mujeres, el 36.2% menores de edad y el 72% fueron captadas a través de falsas ofertas de trabajo; asimismo, el 82% tuvo como finalidad la explotación sexual y laboral y en el 15.5% de los casos el tratante era un conocido, cónyuge, familiar y/o tutor de la víctima. Ello según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.
Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, señaló que, aunque desde el Estado se han realizado mejoras normativas significativas para enfrentar este delito y se cuenta con una Policía y Fiscalía especializadas, así como con una Política Nacional contra este crimen y una comisión multisectorial, aún hay mucho trabajo por hacer. Esto debido a que fenómenos, como el incremento de la criminalidad organizada, han ocasionado que el delito crezca, se expanda y se diversifique, aumentando el número de víctimas, principalmente entre la población migrante.
En ese contexto, Valdés advirtió que la falta de presupuesto afecta la eficiencia de las autoridades para enfrentar el delito, pues, de acuerdo a una investigación realizada por la institución, para financiar la investigación, persecución, atención a víctimas y prevención del crimen, como está contemplado en los 42 servicios que abarca la Política Nacional contra la Trata de Personas, se necesitan más de 1,100 millones de soles, pero el presupuesto específico asignado por el Estado para este fin apenas llega a 5 millones de soles.
“La trata de personas está en todo el Perú, los estudios demuestran que el delito mueve al año un promedio de 1,300 millones de dólares y es la segunda economía ilegal más lucrativa del país, después de la minería ilegal. Una víctima de explotación sexual genera para los tratantes un aproximado de 28 mil soles al año y en explotación sexual se movilizan unos 800 millones de dólares anuales, mientras que en explotación laboral, unos 700 millones de dólares. Sin embargo, la inversión del Estado apenas llega a 0.12 céntimos de sol por cada peruano, lo cual palidece ante las ingentes ganancias de los explotadores”, manifestó.
RENDICIÓN DE CUENTAS
Para combatir esa problemática, el director ejecutivo de CHS Alternativo consideró vital que, tal como lo establece la Ley 29918, las autoridades rindan cuentas ante el pleno del Congreso sobre el trabajo que están haciendo, para que así se entiendan las necesidades que enfrenta esta problemática y se pueda solicitar más recursos. No obstante, indicó que desde el año 2018, por la vorágine política y por la pandemia, el Ejecutivo no ha informado sobre su trabajo frente a este crimen.
“Se debe hacer público el balance sobre la trata de personas, cuáles son los compromisos del Estado, las dificultades económicas que atraviesa el trabajo y los avances que existen. Pero, por el contrario, ahora desde el Congreso se pretende bajar el nivel a esta rendición de cuentas, al aprobar por insistencia un dictamen que establece que el premier y los ministros del Interior y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ya no tendrán que acudir ante el Pleno del Congreso para informar sobre sus acciones frente al delito, sino solamente ante dos comisiones del Parlamento. Esto es un retroceso, sobre todo teniendo en cuenta la estrecha vinculación de la trata de personas con la criminalidad organizada, así como con otras economías ilícitas, como la minería ilegal y la extorsión. El Congreso tiene la oportunidad y la obligación de corregir ese error y apoyar la lucha contra el crimen para así proteger a la ciudadanía”, remarcó.
