Sostiene jurista Marco Ibazeta. Advierte que Sendero Luminoso y grupos extremistas se han infiltrado en la población e instrumentalizan sus legítimas demandas para desatar la violencia.

RCR, 20 de octubre de 2016.- El Estado no comprende que está enfrentando una guerra política desatada por grupos violentistas que se han infiltrado en la población, instrumentaliza sus reivindicaciones legítimas y las sobredimensiona para generar confrontaciones violentas, sostuvo el ex presidente de la Sala Nacional de Lucha Contra el Terrorismo, Marcos Ibazeta Marino.

En diálogo con RCR, Red de Comunicación Regional, el jurista dijo que estos grupos saben que se enfrentan a un Estado que desde el 2000 está “desconcertado” y ha facilitado una guerra política, en ese marco las declaraciones del ministro del Interior Carlos Basombrío quien dijo que no se ha probado que hubo delito de terrorismo en los recientes hechos de violencia en Las Bambas, demuestra que ignora que ahora los subversivos no necesitan estallar coches bomba ni asesinar a nadie porque asumen otras estrategias en la guerra política que han emprendido.

Insistió en llamar la atención que Sendero Luminoso no necesita derribar torres de energía eléctrica porque a través de la paralización de las grandes inversiones puede hacer retroceder al país, tampoco necesita estallar coches bomba ni matar ciudadanos porque el asesinato de policías es perpetrado por comunidades campesinas y los sectores más pobres del país (en los conflictos sociales), escenario que era previsible y frente al cual el Estado no se ha preparado.

Señaló que tras paralizar, entre otros, el proyecto minero Tía María (Arequipa, en 2015) se advirtió que el siguiente objetivo de los grupos violentistas era Las Bambas (el emprendimiento minero más grande de la historia del país, en Apurímac), el caso es que tras los sucesos de los últimos días, hay un comunero muerto, el Estado no puede ingresar a la zona y ésta casi se ha convertido en un territorio “liberado”.

El analista político llamó la atención que en la dinámica confrontacional entre el Estado y la población, los grupos violentistas saben el momento oportuno de asestar sus golpes y, en la presente coyuntura se asiste a un quebrantamiento moral del nuevo gobierno con acusaciones de corrupción, renuncia de asesores presidenciales, etc.

Fue enfático en sostener que, si los frentes de defensa se ponen de acuerdo para ejecutar acciones de violencia en diversas regiones, podrían paralizar el país, el Estado no tendría la fuerza de ingresar a estas zonas y ningún gobierno podría soportar esta situación.

Por qué sucede, argumentó, que las fuerzas del orden están replegadas, desconcertadas y desautorizadas con un ministro del Interior –Basombrío Iglesias- que culpa a la Policía Nacional del reciente hecho de sangre en Las Bambas.

Sostuvo, que el sistema de justicia está postrado con retardos que generan la impunidad porque cuando se le encarga a un fiscal investigar, no se le brinda los medios necesarios y tampoco la Policía Nacional recibe los recursos indispensables para cumplir con su labor como brazo operativo de la fiscalía, y es por ello que no tiene la fuerza suficiente para ingresar a las zonas de conflicto.

Esta impunidad, cuyo ejemplo más dramático es el hecho que no se ha sancionado a los responsables de la matanza de policías en Bagua (en junio de 2009), anima a los violentistas frentes de defensa a movilizarse porque cuentan con agitadores profesionales que pueden poner en aprietos al país.

Sobre la noticia que los violentistas en la zona de la comunidad campesina de Choquecca, en las inmediaciones de Las Bambas, han secuestrado un cadáver para hacer uso político de este, Ibazeta Marino, expresó su estupor y dijo que esto es una demostración que el Estado está perdiendo el control y no hay principio de autoridad, situación muy peligrosa que exige una redefinición de políticas porque los gobernantes si quieren tener liderazgo tienen que imponer orden en el país.

Más adelante, aclaró que forma parte del terror que los grupos violentistas aplican contra aquellos ciudadanos que no los apoyan, las amenazas que lanzan contra ellos (que van a quemar sus viviendas, cortarles el suministro de agua, atentar contra sus vidas, etc.) porque generan zozobra y un sometimiento casi extorsivo, pues esa violencia psicológica inmoviliza a los pobladores que no piensan igual que los extremistas.

Se trata, observó, de un manejo de psicología de masas que el Estado no ha tomado en cuenta y consecuentemente, tampoco existe la información requerida para tipificar esta práctica como delito que permita perseguir a los agitadores.

La impunidad, deploró, permite a los extremistas actuar como “Pedro en su casa” se movilizan a lo largo y ancho del país –promueven la violencia en Cajamarca, en Espinar (Cusco), Arequipa, Puno, etc.- y siempre se tratan de los mismos activistas.

Criticó, que frente a los conflictos sociales el Estado es indolente, irresponsable y reactivo, se necesita que sea proactivo, esté varios pasos delante de los acontecimientos, tenga una visión clara de lo que puede suceder, tome las medidas pertinentes y evite el caldo de cultivo que son aprovechados por los grupos violentistas, de esta manera garantizará que los proyectos de inversión se desarrollarán con normalidad.

Lamentó, asimismo, que el país le facilita a los violentistas un marco sociológico de victimización: ellos desatan el conflicto y la violencia, pero finalmente se convierten en víctimas, porque el principio de autoridad está quebrado.

Aquí las declaraciones.