Congresista Freddy Sarmiento adelantó también que el Estado podría realizar una intervención económica, con la supresión de todos los beneficios establecidos en el contrato de concesión, si es que el Consorcio a cargo de dicha infraestructura no puede continuar con la obra.
RCR, 23 de agosto 2018.- El Proyecto Especial Hidroenergético del Alto Piura tiene que ser supervisado estricta y directamente por las autoridades nacionales, y es el gobierno quien debe dar las alternativas para resolver su actual entrampamiento, afirmó el congresista de Fuerza Popular, Freddy Sarmiento.
“Las autoridades regionales de Piura entraron en contradicciones. Contestaron las preguntas muy superficialmente y quedaron en absolverlas por escrito. Según ellos la responsabilidad no está en manos de la Gobernación ni de la supervisión local. El proyecto ha sido mal gestionado por las tres últimas tres administraciones regionales que se han sucedido”, subrayó.
En diálogo con Red de Comunicación Regional (RCR), Sarmiento adelantó también que el Estado podría realizar una intervención económica, con la supresión de todos los beneficios establecidos en el contrato de concesión, si es que el Consorcio Obraínsa-Astadi, a cargo de dicha infraestructura, señala que no puede continuar con la obra.
“Si ellos (el Consorcio Obraínsa-Astadi) no aceptan la intervención, el Estado pasaría inmediatamente a anular el contrato”, anotó.
El parlamentario por Piura manifestó que “no se puede permitir” que el consorcio pretenda, a través de diversas acciones de amparo, cobrar 25 millones de soles adicionales y ampliar, por dos años más, el contrato de concesión.
“Entonces, yo creo que hay que revisar el contrato. Y me preguntaba también ese día, ¿dónde estaba también la supervisión del proyecto? ¿Dónde está el supervisor, el que tiene que trabajar y supervisar la obra, por parte del gobierno regional? No está, no figura, no hay un informe”, enfatizó.
Ayer, la comisión de Fiscalización del Parlamento solicitó por mayoría al Pleno del Congreso, facultades de grupo investigador por 120 días hábiles para investigar las presuntas irregularidades en el contrato de ejecución de la obra entre el Proyecto Especial Hidroenergético del Alto Piura, el Gobierno Regional de Piura y las empresas constructoras, a cargo de su ejecución.
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