RCR, 27 de abril de 2024.- Gino Costa, congresista y exministro del Interior, dijo que el Ejecutivo y el Congreso favorecen con sus medidas a la criminalidad organizada que sigue en aumento en todo el país. Sostuvo que el Legislativo, por ejemplo, dicta normas para favorecer a la minería ilegal, que es fuente generadora de violencia y de ganancias ilícitas.

“En lugar de tener entonces un Congreso y un Ejecutivo alineados en enfrentar juntos y fortaleciendo nuestras instituciones a estas amenazas, que tenemos de parte del crimen organizado, lo que tenemos es políticos que en muchos casos le hacen el juego o están al servicio de esas organizaciones que representan precisamente estas amenazas”, dijo en el programa “En concreto” de RCR.

Señaló que las principales limitaciones de la democracia peruana es su incapacidad de enfrentar con éxito la delincuencia, la corrupción y el crimen organizado que están a la ofensiva. “Lo están porque el principal responsable de la política de seguridad para enfrentar estos fenómenos es el Poder Ejecutivo y en segundo lugar el Poder Legislativo y el sistema de justicia”, indicó.

Mencionó que el Ejecutivo que está distraído con los problemas de corrupción y las imputaciones de enriquecimiento ilícito que alcanzan a la presidente de la República. “El Ejecutivo está ya en su quinto ministro del Interior hasta ahora no la chunta la presidenta Boluarte en escoger una persona idónea para ese cargo”, expresó.

Agregó que el Congreso sabotea todos los esfuerzos por dotar de un adecuado marco normativo la lucha contra el crimen organizado. “La última medida del Congreso de reducir los plazos al máximo la colaboración eficaz y debilitar una herramienta fundamental para enfrentar el clima organizado contribuye a debilitarnos como país y a desarmarnos frente a esta tremenda amenaza que enfrentamos”, afirmó.

“Hay otras iniciativas como la de eliminar la extinción de dominio que van en la misma dirección, que están en la agenda del pleno del Congreso de la República y que pueden ser aprobadas en cualquier momento y el Congreso además dicta normas para favorecer, por ejemplo, a la minería ilegal que es fuente generadora de muchísima violencia y de ganancias ilícitas que son invertidos en todo tipo de actividades criminales en el país”, añadió.

Sostuvo que el Ejecutivo está dando malas señales. “Por ejemplo, Harvey Colchado que es un policía destacado, que hace bien su trabajo, en lugar de ser premiado y alentado es removido y suspendido su cargo con la idea de que no regrese a hacer su trabajo, para que la presidenta se proteja de las investigaciones que se hacen contra ella. Ella prefiere sacrificar a efectivos policiales y unidades policiales que son fundamentales en la lucha contra el crimen para cuidarse las espaldas”, precisó.

“Hace poco el Congreso ha hecho lo mismo, por ejemplo, con la Junta Nacional de Justicia, que logró recomponerse gracias a una decisión del Poder Judicial y al Tribunal Constitucional no se le ocurre mejor cosa que volver a inhabilitar a dos funcionarios probos y sacarlos de la Junta Nacional de Justicia generando una desprotección, porque la junta ha sido precisamente creada para controlar la corrupción en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Lo que hay que tener en primer lugar son autoridades en el Ejecutivo y en el Congreso que sean probas”, subrayó.