RCR, 05 de abril de 2024.- Ronald Ibarra, director de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), destacó que hay siete fondos sociales de la minería, por un monto de 2 mil millones de soles, que son invertidos en proyectos de desarrollo en las zonas de influencia. Enfatizó que los fondos sociales demuestran que los proyectos mineros sirven y llevan desarrollo.
“Los fondos sociales en este momento son siete los que están operativos, porque el de Las Bambas ya culminó en diciembre del 2017. Los siete tienen fondos que se están invirtiendo en proyectos de desarrollo de las zonas de influencia directa de los proyectos”, dijo en el Jueves Minero “Avance de la gestión social en minería”, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
Precisó que los fondos sociales suman 2000 millones de soles. “Esto es una herramienta que demuestra a la población y a las autoridades de las localidades, donde se desarrollan los proyectos, cómo es que la minería no solo hay que mirarla por el lado de donde se genera el conflicto. Esto nos ayuda a nosotros precisamente como estrategia de la de la Oficina de Gestión Social”, indicó.
Remarcó que los fondos sociales ayudan a mostrar a la gente que el proyecto minero sirve. “El proyecto minero no solo, como ellos dicen o ellos tienen en el concepto general, contamina. Nosotros demostramos que esto también es una herramienta que ayuda. Por ejemplo, se ha inaugurado recientemente un colegio que no tiene nada que envidiar a los colegios emblemáticos en Cajamarca producto de estos fondos sociales”, afirmó.
Explicó que los fondos sociales son recursos que se depositan antes de iniciar un proyecto con miras a que se pueda tener la garantía de que la zona donde se está invirtiendo pueda tener desarrollo. “Estos fondos sociales tienen un mecanismo de manejo privado. No es que lo maneje el Estado, ahí participa normalmente la empresa”, expresó.
“Nosotros participamos en representación del Estado con un miembro y participan las comunidades que son afectadas directamente en el ámbito directo del proyecto. Esto es a destacar porque yo he estado revisando la cantidad de proyectos que se han implementado, desarrollado y están en ejecución muchos con estos con estos recursos”, precisó.
Señaló que, más allá de la comunicación o de información, lo que más abunda es la desinformación y ese es un elemento que se debe combatir. Mencionó que la Defensoría del Pueblo y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tienen registrados unos 78 conflictos sociales relacionados con la minería.
También reconoció que existe una demora en los procesos de consulta previa. “Según la ley, debería de realizarse en 150 días. Eso es lo ideal, pero en términos reales no ocurre eso, porque donde tenemos la mayor traba es en la identificación de pueblos y sus posibles afectaciones. En el tema de minería los lugares donde se encuentra la propiedad no necesariamente es privada, sino es propiedad colectiva, es decir, es propiedad de la comunidad y hay que tratar con toda la comunidad”, subrayó.
