RCR, 19 de setiembre de 2023.- La abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Mar Pérez, sostuvo que en el Perú hay solo «avances en el papel» en la protección de los defensores ambientales, mientras que en los hechos no ha mejorado su condición.

«Tenemos avances en el papel, avances normativos desde el año 2020 con el mecanismo intersectorial de protección a defensores, pero a pesar de que la ley tiene elementos muy positivos no ha tenido una correlación con mejores condiciones para la defensa del medio ambiente y en la labor de los defensores de derechos humanos», explicó.

En declaraciones al programa Pro con la Naturaleza, indicó que han continuado los asesinatos porque la capacidad real de  los mecanismo intersectorial es muy limitada y, para empezar, no tienen un presupuesto suficiente para poder implementar medidas de protección.

Pérez indicó que lo único que hacen las autoridades para proteger a un líder ambiental amenazado es retirarlo de su comunidad y lo llevan a otro lugar donde «lo dejan abandonado a su suerte».

Anotó que no son resueltos los temas de fondo que están detrás de la violencia contra los defensores, como combatir de manera efectiva la minería ilegal y el tráfico de terrenos. «Atendiendo esos temas es como realmente se garantizará la seguridad de los defensores», comentó.

Criminalización

Mar Pérez dijo que la forma de violencia más extendida es la criminalización de los defensores ambientales y lo utilizan con mucha frecuencia las empresas formales, que denuncian a los líderes con procesos judiciales completamente injustificados que, con seguridad, acabarán archivados al cabo de los años.

«Pero mientras tanto, tienes al líder, a la lideresa, gastando recursos, perdiendo un tiempo que es valioso para la defensa de la comunidad, desgastándose a nivel emocional, a nivel familiar», denunció la abogada.

Pérez indicó que es fundamental y urgente garantizar la seguridad jurídica de los territorios indígenas, ya que actualmente demora décadas la entrega de títulos de propiedad a las comunidades, mientras que los colonos consiguen constancias de posesión con celeridad.

En segundo lugar, mencionó que se debe fortalecer la lucha contra el narcotráfico, involucrando a las comunidades nativas y dándoles una participación mucho más elevada que la que existe actualmente en el diseño y en la implementación de las políticas de lucha contra ese delito.

En tercer lugar, señaló que es urgente fortalecer la institucionalidad ambiental en el Perú, lo que significa que el Estado cumpla con su trabajo de proteger al medio ambiente y sancionar a quienes lo degradan. Mientras no ocurra eso, los defensores indígenas y sobre todo los líderes de las comunidades van a tener que seguir haciendo este trabajo y arriesgando su integridad.

Puede revisar el informe completo en:

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/standing-firm/