Afirma ex comisionado Manuel Bernales tras deplorar que en proceso hayan primado “intereses facciosos” públicos y privados.
RCR, 23 de septiembre de 2016.- El estado de derecho, la justicia, incluso los indígenas amazónicos pierden con el reciente fallo judicial sobre los hechos de violencia en la “Curva del Diablo” en Bagua, deploró el Dr. Manuel Bernales, ex miembro de la comisión que investigó los enfrentamientos entre nativos y policías que en junio de 2009 dejó un saldo de treinta y tres muertos y un desaparecido en esta provincia.
En entrevista a RCR, Red de Comunicación Regional, Bernales Alvarado, sostuvo que no hubo ni debida defensa ni debido proceso porque en este litigio (que duró siete años y cuatro meses) no ha primado el concepto de la justicia sino un “manejo faccioso”, el de conveniencias privadas y públicas.
Como es público, ayer la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora Transitoria de Bagua (región Amazonas) absolvió a cincuenta y tres personas, la mayoría nativos awajún y wampis, procesadas por la muerte de doce policías durante las violentas protestas en la zona denominada “Curva del Diablo” en Bagua el 5 de junio de 2009.
Durante el “Baguazo” -que fue la mayor matanza de policías en la historia del Perú- murieron treinta y tres personas -diez nativos y veintitrés uniformados- además, un oficial de la Policía, el mayor Felipe Bazán, está en condición de desaparecido, aunque se da por descontado que fue asesinado por un grupo de nativos.
Una de las principales razones del estallido de la violencia fueron los decretos legislativos N° 1064 y DL N° 1090 –en el marco del TLC entre Perú y EEUU- que las comunidades amazónicas las consideraban como una violación a sus derechos de territorialidad.
Consideró que es indignante que en el ámbito internacional se haya publicitado una falsa versión épica y heroica sobre los sucesos de violencia en Bagua, como si hubiese sido un hecho encomiable, una especie de método de reivindicación de los indígenas cuando en realidad de estos se aprovecharon otros actores para sacar adelante sus programas, políticas e ideología.
También criticó el argumento (de la referida Sala Penal) sobre la existencia de particularidades culturales con el fin de disminuir la responsabilidad de los autores de los asesinatos de policías, alegato que no tiene valor en el derecho internacional.
Más adelante se refirió a otro tema judicialmente pendiente sobre los luctuosos sucesos en Bagua: la matanza a manos de nativos de diez policías en la estación Nro. 6 de Petroperú. Recordó que durante 51 días los uniformados apostados en esta instalación (que eran sistemáticamente rotados) entablaron una relación cercana con los nativos que los rodeaban e incluso jugaban juntos fulbito.
Cuando escaló el conflicto, explicó, la dotación policial entregó sus armas a los nativos como ingenua muestra de buena voluntad para facilitar la paz en tanto algunas ONGs y radioemisoras propalaron falsas noticias que desde helicópteros las fuerzas del orden estaban ametrallando y bombardeando a los nativos, lo que contribuyó a exacerbar los ánimos de los indígenas que en respuesta asesinaron con arma blanca a los uniformados de la estación.
Respecto al caso del desaparecido mayor Bazán –otro caso judicialmente pendiente- el ex comisionado aludió al encubrimiento por parte de la Vicaría de Jaén de un documento probatorio sobre su eventual asesinato.
Refirió, que circuló una fotografía procedente de un disco DVD que fue grabado por esta Vicaría y que está en poder de la Fiscalía donde se observa a este oficial privado de su libertad y llevado por un grupo de nativos al río Utcubamba, seguidamente la edición fue cortada, es decir editada y posteriormente se observa al mismo grupo de nativos regresar del río sin el policía.
Como es público, en la Fiscalía existen testimonios de nativos que admitieron que el mayor Bazán fue asesinado con lanzas y arrojado a ese río. Las imágenes de este crimen habrían sido borradas de la documentación fílmica de la Vicaría de Jaén.
El politólogo dijo que también recae responsabilidades en las autoridades del Ejecutivo –con la entonces ministra del Interior, Mercedes Cabanillas cuya responsabilidad política fue desestimada en el Parlamento- y de los superiores policiales que ordenaron la operación en Bagua.
Sostuvo que la comisión investigadora –que integró y que se instaló en el marco de una mesa de diálogo entre el Gobierno y las comunidades afectadas por el conflicto- fue saboteada por dos miembros: el presidente de la comisión, el awajún Jesús Manasés, vinculado a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y la monja Carmen Gonzáles, relacionada con la Vicaría de Jaén, porque por encima de la búsqueda de la verdad y justicia, ambos representaban los intereses facciosos de estas entidades.
Explicó que el sabotaje para desprestigiar y deslegitimizar la comisión por parte de Manasés y Gonzáles, obedeció a que el grupo de trabajo en sus conclusiones precisamente también halló responsabilidades por la violencia generada en Bagua a las instituciones (Aidesep y la Vicaría de Jaén) con las cuales directamente estaban vinculados.
Anotó que, en el Congreso de la República -igualmente en la línea de ocultar la verdad de los hechos- se hicieron tres informes sobre la tragedia cada una de las cuales exculpaba al bando de quienes elaboraron los documentos y responsabilizaba a otros.
