Las aguas al interior del Movimiento Regional Fuerza Tacna están más movidas que nunca tras conocerse que integrantes de esa agrupación complotaron para que su líder Luis Torres Robledo, sea suspendido del cargo de gobernador y detrás de ello estaría Liliana Velazco Cornejo, su actual reemplazante y beneficiada con la decisión del JNE.

El vicepresidente del movimiento José Flores Guerrero, mostró una carta notarial de un estudio de abogados de Lima, documento en el que se le exige a Velazco Cornejo el pago de US$ 50,000 por los servicios que prestaron para la defensa legal en las dos audiencias que se realizaron ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

El documento firmado por el abogado Jesús Quispe Tarifa, quien patrocinó a Carlos Alberto Laguerre Cohaila, uno de los cuatro ciudadanos que presentó el pedido de suspensión del cargo de Torres Robledo, el pago está divido de la siguiente forma: US$ 35,000, incluido impuestos, por honorarios profesionales y los US$ 15,000 restantes por concepto de bono de éxito.

Asimismo, señalan que la estrategia jurídica y sus argumentos basados en el derecho administrativo, la ética y la lógica han contribuido notoriamente para que el JNE declare fundado el recurso de apelación, y sea convocada a fin de asumir provisionalmente el cargo de gobernadora regional.

A la vez, refiere que Velazco Cornejo por intermedio de los ciudadanos Alejandro Quispe Pariona y Carlos Alberto Laguerre Cohaila contrataron sus servicios profesionales para que asuma la defensa legal en instancia administrativa (Consejo Regional de Tacna) y sede jurisdiccional (JNE) para la suspensión del cargo de gobernador regional de Luis Torres Robledo.

En la carta, el letrado le señala a la gobernadora en ejercicio que estos hechos demuestran que “usted se ha beneficiado directamente con el trabajo realizado” y le recuerda que ella se comprometió en asumir en forma directa y/o solidaria el costo del 100% de sus honorarios profesionales por el servicio legal prestado, más los honorarios de éxito correspondiente.

Quispe Tarifa, conmina a la autoridad y señala que en caso “no obtenga respuesta en el plazo de tres días hábiles iniciará acciones civiles y penales ante la Corte de Tacna, en donde le advierte que entregará las pruebas que acreditan el contrato verbal celebrado entre ambos.

Entre tanto, se conoció que tras conocerse la denuncia la gobernadora interina presentó su renuncia al Movimiento Regional Fuerza Tacna.