• Iniciativa legislativa plantea exoneración de obligaciones que, de ser aprobada, pondría en riesgo el ambiente y los derechos de la población.

La Defensoría del Pueblo envió al Congreso de la República un conjunto de aportes dirigidos a mejorar el proyecto de ley n.° 4642/2022-PE, presentado por el Ejecutivo para la creación de la autoridad nacional de infraestructura, cuyo objetivo será el cierre de la brecha de infraestructura que actualmente presenta el país en diversos ámbitos como salud, educación, vías de comunicación y prevención de desastres; luego de advertir que dicho proyecto desnaturaliza el carácter preventivo de la evaluación ambiental de los proyectos de inversión, poniendo en riesgo el derecho de la población a vivir en espacios saludables y libres de contaminación.

Así lo precisó la adjunta de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, Lissette Vásquez, quien señala que el proyecto de ley propone que si la autoridad competente no culmina la evaluación dentro del plazo 30 días hábiles, el proyecto de inversión podría ejecutarse sin contar con la certificación ambiental, pese a que su objetivo es precisamente prevenir y mitigar sus posibles impactos negativos, al ambiente y a los derechos de las personas.

Para la representante de la Defensoría del Pueblo, si bien es clave contar con un procedimiento diferenciado para la obtención de la certificación ambiental de los proyectos de inversión destinados a prevenir y mitigar los efectos provocados por las situaciones de emergencia o fenómenos naturales que pueden poner en riesgo la integridad y vida de las personas, como los registrados hace pocas semanas tras el paso del ciclón Yaku, dicha medida no debe aplicarse a proyectos que carecen de un sentido de urgencia.

Una reducción sustancial del plazo para la evaluación del impacto ambiental y social, aplicable también a obras de gran envergadura que podrían provocar impactos de mayor magnitud sobre el ambiente y la población, implicaría que las autoridades tampoco cuenten con el tiempo necesario para garantizar una adecuada evaluación, que comprende opiniones técnicas, mecanismos de acceso a la información pública ambiental y de participación ciudadana, entre otros.

Asimismo, el proyecto de ley propone la aprobación automática de las autorizaciones que otorgan el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), si estas no fueran evaluadas en un plazo de siete días hábiles, así como la exoneración de inspecciones oculares para las autorizaciones de desbosque, así como de licencias y permisos de uso de agua; sin considerar la flora, fauna y fuentes de agua que podrían ponerse en riesgo por una deficiente evaluación.

De otro lado, Vásquez también señaló que se requiere que el proyecto de ley exija la aplicación del enfoque de riesgo climático y la gestión del riesgo de desastres. Asimismo, que disponga las medidas para asegurar una gestión pública eficiente y proba. Ello, luego de recordar que, a seis años de creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, creada para atender los daños ocasionados por el fenómeno El Niño Costero de 2017, la Contraloría General de la República identificó cerca de 13 mil situaciones con señales de presunta corrupción que podrían afectar la entrega de 7 de cada 10 proyectos de infraestructura.

“En atención a  ello, para la Defensoría del Pueblo resulta fundamental que el proyecto de ley responda a un análisis técnico y objetivo respecto a la necesidad de su creación, y que cuente, entre otros aspectos, con un mecanismo de monitoreo y evaluación de los proyectos de inversión y un procedimiento de concurso público para asegurar que la elección de la jefatura de la autoridad sea la más objetiva e idónea. Asimismo, se requiere de mecanismos para asegurar una coordinación efectiva entre las autoridades involucradas durante la formulación, ejecución y mantenimiento de los proyectos de inversión”, precisó.

Todo ello fue advertido a la comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, así como a la Constitución y Reglamento del Congreso de la República, a las que se les alcanzó el Informe Jurídico Defensorial N° 003-2023-DP/AMASPPI con un conjunto de aportes, a fin de que sean tomados en consideración en el análisis del proyecto normativo.

Fuente: Defensoría del Pueblo