RCR, 09 de marzo de 2023.- La adjunta de la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, Eugenia Fernán – Zegarra, reiteró el pedido de su institución para que el gobierno central, gobiernos regionales y municipalidades activen las intervenciones coordinadas y planificadas para enfrentar las lluvias intensas, inundaciones, desbordes de ríos, huaycos y otros eventos climáticos que podrían afectar la vida de la población y sus medios de subsistencia.
En declaraciones a Conexión Perú, de Red de Comunicación Regional, dijo que las tres instancias del Estado deben tomar «cartas en el asunto» porque se trata de un tema que afecta la vida y subsistencia de las personas ubicadas en las zonas en riesgo.
Fernán – Zegarra señaló que los lugares donde caen las fuertes lluvias no están preparadas para recibir esa cantidad de agua y pueden originarse otros problemas como la reproducción del mosquito transmisor del dengue.
Además, mencionó que está en riesgo el derecho de los niños y niñas a acceder a la educación, ya que los colegios están en zonas de riesgo y su infraestructura requiere cambios.
La representante de la Defensoría del Pueblo indicó que las autoridades municipales y regionales que asumieron funciones el 1 de enero pasado ya han estado el tiempo suficiente en sus cargos para que tomen las medidas necesarias, con el presupuesto que tienen en la partida 068, destinada a la reducción de vulnerabilidad ante desastres.
Agregó que si las autoridades municipales y regionales no tienen los suficientes recursos, pueden acceder a los recursos del Fondo para intervenciones ante ocurrencia de desastres naturales, que administra el Instituto Nacional de Defensa Civil y que que permite contar con presupuesto para tomar medidas urgentes.
En un comunicado, la Defensoría del Pueblo recordó que un último reporte del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), alertó que el país podría afrontar un superávit de lluvias que podría prolongarse hasta mayo próximo, poniendo en condición de riesgo muy alto a más de 600 mil personas y una cifra superior a 174 mil, así como a 327 establecimientos de salud y 1200 instituciones educativas.
Además, más de un millón 300 mil personas y más de 380 mil viviendas se encontrarían expuestas a los efectos de huaicos y deslizamientos, junto a 1157 establecimientos de salud y 8166 instituciones educativas.
Sin embargo – anotó la Defensoría- pese a este crítico panorama, el nivel de gasto del presupuesto asignado a los tres niveles de gobierno para labores de reducción de riesgos y atención de emergencias es de solo el 5 % hasta el momento.
