Senado votó a favor de que la presidenta suspendida sea sometida a juicio político. Decisión final será tomada a fines de mes.

En Brasil, hay acusaciones de todo tipo contra políticos: desde recibir suculentos sobornos u ocultar cuentas bancarias en el exterior, hasta planear la fuga del país de un preso en un avión particular.

Luego está el proceso para destituir a la presidenta. Este miércoles el Senado de Brasil votó a favor de que Dilma Rousseff sea sometida a un juicio político, última escala previa a la decisión que a fin de mes podría poner fin al ciclo de más de 13 años de la izquierda en el poder.

Después de 18 horas de discusiones el pleno del Senado votó a favor del proceso de ‘impeachment’ contra la mandataria por 59 a 21.

El veredicto final se realizará a fines de agosto en el pleno del Senado. La votación realizada esta madrugada vislumbra la salida de Rousseff del cargo.

Si la votación del plenario de 81 senadores aprueba el informe del senador socialdemócrata Antonio Anastasia (PSDB), que recomendó destituir a Rousseff por haber cometido un “atentado contra la Constitución”, la presidenta solo tendrá una última oportunidad para evitar ser destituida.

La sesión del Senado fue dirigida por el presidente de la Corte Suprema y bastó una mayoría simple -mitad de los presentes más uno- en favor de la acusación para aprobar el inicio de un juicio de destitución de la mandataria.

Rousseff, una ex guerrillera marxista de 68 años que fue suspendida del cargo el 12 de mayo, denuncia que su vice, Michel Temer, que la sucedió provisoriamente, orquestó un “golpe” en su contra.

La principal acusación que podría costarle el cargo a Rousseff no es exactamente por el dantesco escándalo de sobornos en Petrobras, que salpica a su gobierno y a la clase política brasileña en general.

Tampoco se basa en los señalamientos de que la campaña de reelección presidencial en 2014 recibió dinero desviado de la petrolera estatal y de grandes obras públicas, como se ha reportado que admitieron ex ejecutivos de la constructora Andrade Gutierrez ante los fiscales.

¿Quizá la denuncia se apoye en el testimonio de Delcídio do Amaral, quien tras ir preso siendo el principal senador del oficialismo acusó a Dilma Rousseff de intentar liberar empresarios involucrados en el caso Petrobras, nombrando a un alto magistrado?

Pues no.

El pedido de impeachment a Dilma Rousseff ha generado protestas a favor y en contra.

La acusación central contra Rousseff en el Congreso es que violó normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal.

Y ha causado una gran fisura en Brasil, separando a quienes creen que sería justo destituir a la presidenta por algo así de quienes sostienen que sería una injusticia o hasta un golpe de Estado.

—La denuncia—

El pedido de impeachment a la presidenta llegó al Congreso en octubre, con la firma de tres juristas. Uno de ellos, Hélio Bicudo, tiene 93 años y fue fundador del Partido de los Trabajadores (PT) de Dilma Rousseff.

Días después de formular la denuncia, Bicudo dijo a BBC Mundo que la presidenta había cometido una serie de actos “en el sentido de violar la legislación respecto a la salud fiscal del país, dando la impresión de que todo estaba bien”.

La denuncia alude en particular a lo que en Brasil se denominan “pedaladas fiscales”, que implican el uso de fondos de bancos públicos para cubrir programas de responsabilidad del gobierno.

El argumento es que esa práctica está prohibida por una ley de Responsabilidad Fiscal, pero el gobierno lo hizo de todos modos para exhibir mayor equilibrio entre ingresos y gastos.

Por eso mismo, el Tribunal de Cuentas brasileño rechazó las cuentas de la administración de Rousseff en 2014, año en que fue reelecta por escaso margen.

Aunque esas maniobras contables fueron usadas por gobiernos anteriores, hay datos oficiales que indican que se volvieron mucho más frecuentes durante la gestión de Dilma Rousseff.

Los denunciantes sostienen además que las irregularidades continuaron en 2015, algo clave ya que varios juristas creen que la presidenta sólo puede ser juzgada por delitos cometidos en su actual mandato.

-La defensa-

Dilma Rousseff, que nunca ha sido acusada de enriquecimiento ilícito, niega haber cometido el crimen de responsabilidad que le atribuye la oposición o delito alguno que vuelva legal el juicio político.

“¿Impeachment sin crimen de responsabilidad qué es? Es golpe”, sostuvo en abril la ex guerrillera izquierdista de 68 años que en 2011 asumió como la primera presidenta mujer de Brasil.

Su defensa en el Congreso negó además que alguno de los actos denunciados haya sido firmado por Rousseff y afirmó que desde que fue reelecta sus opositores buscan una forma de terminar su mandato.

También alegó que, al aceptar la denuncia contra la mandataria, el ex presidente de la cámara Diputados, Eduardo Cunha, actuó por “venganza”. Cunha fue suspendido de su cargo por obstrucción de la justicia en el escándalo de corrupción en Petrobras.

–Aislamiento–

“La presidenta está cada vez más aislada, un aislamiento muy acentuado, que se agravó en las últimas semanas y que incluye hasta su propio partido. No tengo ninguna duda de que, al igual que en el juicio definitivo, la votación será a favor del impeachment y será destituida”, dijo a la AFP el senador Aloysio Nunes, del PSDB y líder del frente oficialista de Temer.

— Capítulo final —

A sus 75 años, Temer lidera un frente pro impeachment para asegurarse la presidencia hasta el 31 de diciembre del 2018, hasta cuando debía gobernar Rousseff.

Diez días atrás Temer pidió acelerar el impeachment porque la gente “necesita saber quién es el presidente”. Su plan, dijo, es partir al G20 en China a inicios de setiembre como presidente de los brasileños, sin el adjetivo “interino”.

Tras la decisión del Senado, el juicio comenzaría en torno al 25 de agosto, cuatro días después de la clausura de Rio 2016. Durará cinco días.

Una amplia mayoría de los congresistas considera que la ahijada política del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva será derrotada en la votación que se celebrará el último día. Destituirla requerirá el apoyo de al menos dos tercios (54) de los 81 senadores.

Rousseff dejó el Palacio de Planalto con niveles bajísimos de popularidad, un sino que se extiende sobre toda la política brasileña.

Temer no le va en zaga. Su frase de apertura de los Juegos Olímpicos fue acompañada por un estruendoso abucheo.

Si pierde definitivamente el poder, Rousseff será el segundo jefe de Estado brasileño que pierde su mandato a manos del Congreso en 24 años. El anterior fue el hoy senador Fernando Collor en 1992.

Fuente: El Comercio