RCR, 18 de febrero de 2022.- Lo que ha ocurrido en el Perú, ha sido “la trampa de los derechos humanos” que consiste en un grupo de manifestantes azuzados por agitadores encargados de realizar actos de violencia, obligando a las Fuerzas del Orden a controlar los desmanes y capturar de ciertos activos críticos que se dieron desde el intento de golpe de estado por parte del expresidente Pedro Castillo, señaló el excongresista de la República, Martín Belaunde.

Ante las declaraciones del primer ministro Alberto Otárola, advirtiendo que el expresidente Pedro Castillo acudiría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir su libertad y reposición en la presidencia. Martín Belaunde, señaló que la entidad no puede intervenir en un tema legal interno que le compete al Poder Judicial.

“Si existiendo un proceso constitucional vigente, además de tratarse sobre un hecho interno en la política del Perú. La CIDH carecería de jurisdicción legal para intervenir y la Corte Interamericana estaría incursionando en un proceso que solo depende del Poder Judicial. Este asunto no puede ser materia de intervenciones foráneas que solo perturban la vida interna constitucional peruana”, indicó a Red de Comunicación Regional.

En ese sentido, manifestó que la acusación contra el expresidente Pedro Castillo aprobada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y por el Pleno del Congreso pasará a manos de la Fiscalía de la Nación para formalizar investigación e iniciar un proceso penal incluyendo medidas restrictivas.

“La acusación que ha sido aprobada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y por el Pleno del Congreso, ha sido para que la Fiscalía de la Nación acuse al expresidente Pedro Castillo por los delitos que se le imputan, además esto se hace mediante la Corte Suprema para acatar todas las garantías del debido proceso”, recalcó.

Martín Belaunde, agregó que el rechazo del presidente mexicano, Andrés López Obrador rechazando en entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Perú, es una vulneración al derecho internacional.

“El presidente mexicano está violando el derecho internacional que está reflejado en los tratados de la Alianza del Pacifico donde obliga a los países a ser parte de los tratados, pero sus declaraciones demuestran una actitud arbitraría al mofarse de las leyes para sus intereses políticos”, subrayó.