Luis M. Iglesias León.– El 2023 inició con protestas y cambio de autoridades. A inicios de enero, 13032 nuevos funcionarios juraron al cargo en 25 gobiernos regionales, 196 municipios provinciales y 1694 municipios distritales, muchos de ellos en medio de un escenario social convulsionado por la crisis política. Las “herencias” dejadas por sus antecesores son, en varios casos, una carga difícil de asumir: arcas vacías, deudas millonarias, trabajadores impagos, obras inconclusas y paralizadas, una creciente ola de delincuencia, basura acumulada en las calles, servicios públicos deficientes, son algunos de los pendientes de una lista interminable.
No obstante, la peor herencia de todas no tiene que ver con temas económicos, sino con la huella perversa de la corrupción que dejan aquellos gobernadores y alcaldes, ahora presos o investigados por casos que afectan la gobernabilidad regional y local. Como ha señalado el Contralor General de la República, Nelson Shack, entre el 2019 y el 2021 nuestro país habría perdido casi 70 mil millones de soles como resultado de la corrupción, de los cuales casi la mitad fue malversada por las malas gestiones de los gobiernos regionales y locales. Prueba de ello es que los gobernadores de Junín, Puno, Ancash, Arequipa, Madre de Dios, Huánuco, Tumbes y Ucayali no culminaron sus gestiones por encontrarse prófugos o en prisión, a ellos se suman otros que seguirán siendo investigados por delitos de peculado, colusión, tráfico de influencias y otros similares.
Pero esa es apenas la punta del iceberg. Según un informe de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción (PPEDC) en setiembre del 2022, a junio del mismo año se tenían registrados 54246 casos de corrupción a nivel nacional, de los cuales cerca de 8000 involucran a autoridades y funcionarios de los gobiernos regionales y locales. Las regiones con mayor incidencia de corrupción son el Cusco (10,12%), Lima (9,98%), Ancash (7,89%), Junín (7,87%) y Huánuco (4,74%), sumando el 40,6% de casos de corrupción a nivel nacional; aún peor, solo en los últimos 4 años la cantidad de procesos por corrupción que involucran a autoridades regionales y locales se incrementó en un 86,8%, muchos de ellos vinculados a la gestión en medio de la pandemia. Los peruanos morían mientras sus autoridades les robaban.
El 62,96% de los casos registrados en el informe se encuentran vinculados a procesos de contratación con el Estado principalmente en la fase de ejecución de contratos, lo que pone en evidencia no solo la necesidad de ejercer un mayor control preventivo en el manejo de los recursos públicos para la adquisición de obras, bienes y/o servicios, sino también la necesidad de que los nuevos gobiernos subnacionales cuenten con el personal idóneo, debidamente especializado e íntegro para encargarse de los procesos de contratación pública, una cuestión que no va solo de mecanismos sino de personas.
Lamentablemente, tras las elecciones 2022 el escenario no es el mejor para revertir esta situación: de los 25 gobernadores electos, por lo menos 16 registran investigaciones en el Ministerio Público por presuntos delitos de corrupción, como los de La Libertad, Cusco, Ayacucho, Ucayali, Madre de Dios, Tacna, Apurímac, Huánuco, Loreto y San Martín, existiendo el riesgo de no culminar su mandato en caso de resultar presos o sentenciados. Si a ello le sumamos a los concejales que juramentan “por Dios y por la plata” o quienes optan por despidos masivos para ubicar a sus allegados, podemos apostar por la continuidad del escenario de corrupción que flagela al país, mellando sin tregua la gobernabilidad y la legitimidad del Estado y sus instituciones a ojos de los ciudadanos.
Contra ello, la Contraloría General de la República ha asumido acciones concretas para prevenir que la corrupción se instituya, nuevamente, como el principal mecanismo de las gestiones regionales y locales. Ya desde diciembre del 2022 el Contralor y sus funcionarios se han venido reuniendo con las autoridades electas para informarles sobre el estado de las obras y proyectos de inversión en sus circunscripciones y las medidas de control gubernamental que se adoptarán para vigilar el uso adecuado de los recursos públicos. Cabe destacar, entre estas, un Operativo Nacional de Control en el primer cuatrimestre del 2023 para evaluar el cumplimiento de los perfiles mínimos de los funcionarios contratados en los gobiernos regionales y municipios, a fin de certificar el cumplimiento de la Ley 31419, que garantiza la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción, entre los que se encuentran los gerentes generales, gerentes regionales, directores regionales y gerentes municipales de nivel provincial y distrital.
La Contraloría cuenta con un conjunto de mecanismos que son aplicados antes, durante y al final de cada período de gestión, incluyendo las rendiciones de cuentas de titulares, los formatos de entrega de gestión, la exigencia de presentar declaraciones juradas de intereses, bienes y rentas y de conflictos de interés, el Sistema de Identificación, Registro y Consulta de Funcionarios y Servidores Públicos que Administren o Manejen Fondos Públicos (SIREC) y los balances semestrales que deben presentar los consejeros regionales y regidores municipales, por mencionar solo algunos.
Una gestión idónea, transparente e íntegra, no solo se basa en la calidad moral de las autoridades o en el profesionalismo y moralidad de los funcionarios, sino también en la preocupación que muestre la ciudadanía, que es la sede auténtica del poder, para mantener el control sobre las decisiones y acciones que se adopten en favor de sus localidades. La Contraloría es un aliado para garantizar el buen uso de los recursos públicos y, con ello, lograr un mayor bienestar para los ciudadanos de bien y sus familias, que son el verdadero rostro del Perú.
