Gran parte de nuestra población clama para que vuelva la paz y concordia a nuestro país, que entre los peruanos nos tratemos como compatriotas, que nos unamos en la tarea de hacer un país más inclusivo y solidario, pero también encaminado al desarrollo, con la promoción de la inversión generadora de trabajo, que es el único camino probado para alcanzar el bienestar.
Todos somos necesarios, desde los que siguen y propician el capital, a los que por lo general se les ubica en la derecha política, como también a los que propugnan que los más desposeídos suban en la escalera socioeconómica y que son llamados de izquierda.
No me refiero al “rojerío” en sus distintas tonalidades, sino a los que están en la vereda de un sano socialismo. Además, si juntamos el aprecio por la inversión más la generación de empleo digno, tendremos a la tercera posición política, la cual es el centro, que cobija a la mayoría de los peruanos.
En los últimos tiempos, demostrando lo frágil de nuestra democracia y acreditando que el soberano, que es el pueblo, no alcanzó la mayoría de edad, se han tomado decisiones políticas erradas, dando como resultado que en un lustro se hayan sucedido varios gobiernos, unos peores que otros, pero todos con serias deficiencias y habiendo nacido directa o indirectamente del voto popular.
Acabamos de ser testigos que luego de transcurridos treinta años de sucesiones gubernamentales que nacieron del sufragio, se volvió a imitar lo sucedido el 5 de abril de 1992, esto es un autogolpe, siendo esta vez su actor Pedro Castillo, quien fue llevado desde Chota al Palacio de Gobierno, sin la preparación de gobernante y por supuesto menos de estadista, que convirtió la Casa de Pizarro en un remedo de la guarida de Alí Baba.
El Congreso no se dejó amilanar y procedió a vacar del ejercicio del cargo de Presidente de la República a Pedro Castillo, a la vez que a juramentar a quien lo debía suceder, la vice presidenta de la República, en cumplimiento del orden constitucional. Vuelvo a destacar el prístino comportamiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que no se sumaron al despropósito golpista, en acatamiento y respeto a la Constitución y la ley.
La actual Presidenta de la Nación, tiene la responsabilidad de actuar con honestidad, con entrega patriótica y rodeándose de colaboradores que sean honestos, con la debida preparación y con ánimo de respaldar a la primera en su tarea de concertación, buscando la unidad de los peruanos para el camino de la reconciliación.
La reconciliación debe ser con todos los peruanos de buena voluntad que quieran un Perú mejor por el camino de la inversión, pública y privada, en aras de la generación de empleo y prosperidad. La reconciliación no puede ser borrón y cuenta nueva como tampoco olvido ni perdón. Quienes actuaron con nocturnidad al margen de la ley, y quienes fueron actores de corrupción tendrán que recibir, dentro del debido proceso, las sanciones previstas en la ley.