Fuente: Andina 

Acuerdan reducir el nivel de relaciones diplomáticas con ese país

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía acordaron no reconocer la legitimidad del proceso electoral en Venezuela por no cumplir con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente.

Estos países, que conforman el Grupo de Lima, emitieron un comunicado conjunto luego de la realización de los comicios en Venezuela, por medio de los cuales el actual gobernante, Nicolás Maduro, consiguió la reelección por un nuevo periodo.

En dicho comunicado, informan que han acordado reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, para lo cual llamarán a consultas a los embajadores en Caracas y convocarán a los embajadores de Venezuela para expresar su protesta.

Asimismo, reiteran su profunda preocupación por la crisis política, económica, social y humanitaria que ha deteriorado la vida en Venezuela, lo que se ve reflejada en la migración masiva de venezolanos en condiciones difíciles y en la pérdida de las instituciones democráticas, el estado de derecho y la falta de garantías y libertades políticas de los ciudadanos.

Presentarán, además, en el marco del 48° periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), una nueva resolución sobre la situación en Venezuela.

Migración venezolana

Frente al incremento de la migración venezolana, los países del Grupo de Lima, acordaron sostener una reunión de alto nivel con autoridades migratorias y de refugio en el Perú, la primera quincena de junio, aceptando un ofrecimiento de nuestro país.

Se intercambiará experiencias y se definirá los lineamientos de una respuesta integral, incluyendo temas de facilidades migratorias y documentos de identidad.

Considerarán también la posibilidad de realizar contribuciones financieras a los organismos internacionales competentes a fin de fortalecer las capacidades institucionales para atender el flujo migratorio de venezolanos en los países en la región, especialmente los vecinos.

Apoyo en salud

Tomando en cuenta las implicancias en la salud pública de la región que tiene la grave situación humanitaria en Venezuela, acordaron convocar a una reunión de alto nivel con autoridades en salud para coordinar acciones en este tema y fortalecer la cooperación para atender la emergencia epidemiológica.

Se apoyará también el suministro de medicamentos de instituciones independientes y las acciones de vigilancia epidemiológica en Venezuela y en sus países vecinos, en particular frente a la reaparición del sarampión, paludismo y difteria.

Medidas económicas y financieras

Del mismo modo, los países del Grupo de Lima acordaron emitir y actualizar la información al sector financiero y bancario sobre el riesgo en el que podrían incurrir si realizan operaciones con el gobierno de Venezuela sin el aval de la Asamblea Nacional, incluyendo convenios de pagos y créditos recíprocos por operaciones de comercio exterior.

Coordinarán acciones para que los organismos financieros internacionales y regionales procuren no otorgar préstamos al Gobierno de Venezuela, por la naturaleza inconstitucional de adquirir deuda sin el aval de su Asamblea Nacional, excepto para la ayuda humanitaria.

Otro de los acuerdos fue intensificar y ampliar el intercambio de información de inteligencia financiera sobre las actividades de individuos y empresas venezolanas posiblemente vinculadas a actos de corrupción, lavado de dinero u otras conductas ilícitas.

En el marco de los estándares internacionales fijados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y de los mecanismos operacionales ya existentes, se insta a contar con un análisis de riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

De igual forma, solicitan a las Unidades de Inteligencia Financiera y a las autoridades competentes de cada país, emitir información que alerten a las instituciones financieras sobre la corrupción en el sector público venezolano y los métodos que los servidores públicos venezolanos y sus redes pueden estar usando para esconder y transferir recursos procedentes de actos de corrupción.

Concluyen en que seguirán dando seguimiento a la situación de Venezuela con el objeto de adoptar las medidas adicionales que correspondan, de manera individual o colectiva, para favorecer el restablecimiento del estado de derecho y el orden democrático en ese país