RCR, 18 de octubre de 2022.- La presidenta del Frente de Defensa del distrito de la Unión, en Piura, María Panta Ubillús, demandó a la vicepresidente Dina Boluarte que intermedie para que el Gobierno reanude las obras de agua y alcantarillado que se encuentran paralizadas, lo que afecta a más de 7 mil familias.
En declaraciones a Conexión Perú, de Red de Comunicación Regional, relató que abordó a Boluarte cuando encabezaba una actividad por la semana de la inclusión social, y le dijo que los programas sociales del Gobierno no van a tener todos los resultados que se esperan si la población no cuenta con servicios básicos de calidad.
«Son más de doce años que no tenemos esos servicios en el casco urbano de La Unión, pero en general en todo el distrito carecemos de agua potable, es decir que sea apta para el consumo humano, y de un sistema de desagüe». expresó.
Panta detalló que solicitó a Boluarte que transmita la demanda al presidente Pedro Castillo. Agregó que la vicepresidenta tiene conocimiento de la falta de los servicios básicos pese a que ya se han destinado cerca de 60 millones de soles supuestamente para ejecutar las obras.
Panta relató que las obras comenzaron el 2010 bajo la unidad ejecutora de la municipalidad distrital de La Unión. El 2013 los trabajos fueron paralizados por las irregularidades denunciadas por el frente de defensa y en las que está involucrado el entonces supervisor de las obras y ahora congresista prófugo Wilmar Elera García.
La dirigente dijo que el 2017 las inundaciones ocasionadas por el Fenómeno El Niño Costero dejaron en evidencia las fallas de las obras avanzadas. Agregó que el gobierno del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynsi destinó 22 millones de soles para obras de mejoras, pero ejecutaron los trabajos con el mismo expediente con fallas.
Agregó que, pese a las deficiencias en el tanque elevado y la falta de saneamiento de la planta de tratamiento residuales, el Ministerio de Vivienda siguió destinando fondos.
María Panta dijo que recién en junio, el Gobierno resolvió el contrato con la empresa contratista que ejecutaba la obra de agua y alcantarillado debido a la falta de cumplimiento de los trabajos programados. Actualmente las obras están paralizadas y la población no cuenta con suministro de agua potable.
