La Procuraduría de Lavado de Activos, a cargo de Janet Briones, solicitó que se incluya al entorno de Luis Nava en la citada pesquisa.

En el marco de la investigación que se le sigue al ex presidente Alan García por el presunto delito de lavado de activos, la Fiscalía dispuso solicitar –próximamente al Poder Judicial– que se levante el secreto bancario, reserva tributaria y bursátil del líder aprista y de otros investigados.

La investigación, que se realiza por un periodo de 120 días, se basa en el informe de investigación de desbalance patrimonial y/o presunto enriquecimiento ilícito emitido por la megacomisión que presidió el congresista Sergio Tejada.

En la disposición fiscal N° 2, del 13 de enero último, a la que tuvo acceso Perú21, se consignan una serie de diligencias a seguir respecto de los investigados, como “determinación del origen del caudal patrimonial, identificación de transferencias bancarias recibidas y/o remitidas al exterior y depósitos efectuados en cuentas bancarias a favor de terceras personas o instituciones”.

Entre otros puntos, señala: “Solicítese, en su oportunidad (ante el Poder Judicial), el levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil de los investigados”.

El fiscal a cargo del caso solicitó también que se realice una pericia contable que deberá comprender el periodo 2006-2011 con el objetivo de determinar los bienes adquiridos por García y el resto de investigados en dicho periodo.

En otra parte de su resolución, el magistrado pidió que se realicen actos de inteligencia policial para detectar la estructura de la presunta organización criminal dedicada al lavado de activos, y ofició a la Sunarp para que le envíe un reporte de los bienes de todos los indagados.

Entre los funcionarios que aparecen mencionados en el informe fiscal están los ex ministros Aurelio Pastor, Hernán Garrido Lecca, José Antonio Chang y el ex secretario general del despacho presidencial Luis Nava, así como Miguel Facundo Chinguel, actualmente preso por el caso de los ‘narcoindultos’.

Los Nava en la mira

De otro lado, el pasado 16 de enero, la Procuraduría de Lavado de Activos, a cargo de Janet Briones, solicitó que se incluya en esa pesquisa, en calidad de investigados, a algunos miembros de la familia de Luis Nava y a sus empresas.

Se trata de Carlos Nava Guibert, José Nava Mendiola, Jean Pierre Nava Mendiola y también a las firmas Nava & Huesa Abogados y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, Transportes Don Reyna S.A.C. y Conirsa S.A.

En el informe de la megacomisión se advierte que respecto de Luis Nava –quien se desempeñó como asesor del Congreso (2001 al 2006), secretario general de la Presidencia y ministro de la Producción durante la segunda gestión de Alan García–, la información contenida en las declaraciones juradas de ingresos y de bienes y rentas revela una variación patrimonial y gasto económico personal del investigado mayor a sus ingresos netos en S/259 mil del 2006 al 2011.

Es decir, según el análisis de la información contenida en las declaraciones juradas, hay un gasto del investigado mayor a sus ingresos netos por un monto de S/259,021.017.

En el examen realizado se ha podido apreciar aspectos relevantes respecto al investigado y personas vinculadas que podrían mostrar –según la megacomisión– indicios razonables en la determinación de enriquecimiento ilícito u otros ilícitos.

Por ejemplo, hace una referencia al incremento anual, de entre 45.89% y 90.55%, desde el año 2007 al 2010, de los ingresos del estudio Nava & Huesa Abogados y Asociados S.C.R.L., cuyo socio casi con la totalidad de las participaciones (99%) es Luis Nava Mendiola (hijo de Luis Nava Guibert), sustentado en parte por la relación que tuvo con empresas cuya relación comercial se inició de 2007 en adelante y relacionadas de manera importante con el Estado.

Además, menciona pagos significativos extraordinarios a Carlos Nava Guibert por parte del BBVA Banco Continental y Banco Latino en Liquidación, en el período 2007-2011, por importes de S/238,499 y S/65,300 no aclarados, según la megacomisión.

La Procuraduría de Lavado de Activos ha tomado en cuenta estos puntos de la megacomisión para pedir la ampliación de la investigación. Pero también al hecho de que, también según el grupo congresal, los ingresos percibidos del 2007 al 2011 por Carlos Emilio Nava Guibert y José Antonio Nava Mendiola, hermano e hijo de Luis Nava Guibert, no justifican sus actividades comerciales, los mismos que en conjunto suman US$232,877, S/152,803 y 20,000 euros.

Asimismo, apunta que el crecimiento económico de Transporte Don Reyna S.A. se hizo con un reducido capital.

Otro aspecto que se menciona en el documento de la Procuraduría, citando a la megacomisión, son las relaciones de la citada empresa de transporte, de propiedad casi total de José Antonio Nava Mendiola, con la constructora Sirius S.A. y Conirsa, empresas proveedoras del Estado y algunas de ellas clientes de Nava & Huesa Abogados y Asociados S.R.L. o de Jean Pierre Nava y/o José Antonio Nava.

Además, la vinculación del estudio Nava & Huesa Abogados y Asociados con Odebrecht y Petrobras.

El informe precisa que del 2006 al 2011, Odebrecht registra ingresos por contratos con el Estado por S/170’179,296, de los cuales S/34’643,559 corresponden al periodo 2006-2007, en el cual tenía vínculo comercial con el citado estudio.

Tenga en cuenta

• Perú21 fue hasta las oficinas de Nava & Huesa Abogados, Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, Transportes Don Reyna S.A.C. y Conirsa para solicitar el descargo de los miembros de la familia Nava mencionados en esta nota, pero no obtuvimos ninguna respuesta.

• En el caso del estudio de abogados Nava & Huesa, la recepcionista nos devolvió la llamada y dijo que por ahora Jean Pierre Nava y Luis Nava no darían ningún descargo.

• Wilber Medina, abogado de Alan García, aseguró que su patrocinado está llano a colaborar con las pesquisas.

• El año pasado, el fiscal José Castellanos archivó una denuncia contra Alan García debido a que no había indicios de la presunta comisión de actos ilícitos. Sin embargo, la Procuraduría de Lavado de Activos presentó una queja y pidió que sea una instancia superior la que resuelva si el caso debía ser archivado. El caso se reabrió.

Fuente: Diario Perú 21