• Podrían perderse 11.2 millones de vacunas.

El 16 de agosto del 2022 la Contraloría General de la República, en nota de prensa, alertó que existe más de 11.2 millones de vacunas contra el Covid-19  que ”se encuentran disponibles al 30 de junio de 2022 y almacenadas en el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) del Ministerio de Salud (Minsa), y que se encuentran en riesgo de vencimiento en los próximos meses, de no ser distribuidas e inoculadas oportunamente y que podría ocasionar un perjuicio económico al Estado”. 

En segundo lugar, la Contraloría General de la República ha publicado un cronograma de vencimientos, correspondientes al 30 de setiembre, para 1.4 millones de vacunas Pfizer pediátricas, al 31 de octubre para 3.3 millones de vacunas Pfizer, entre el 19 de noviembre y el 13 diciembre para 6.1 millones de vacunas Moderna y, por último, el 4 de octubre se vencerían 389,860 vacunas SinoPharm. El perjuicio económico, en caso de vencerse las vacunas, según la Contraloría, ascendería a S/ 921.5 millones.

En tercer lugar, la Contraloría ha evidenciado que en el primer semestre “el promedio mensual de ingresos de vacunas al almacén fue 5.8 millones de dosis, frente al promedio mensual de vacunas distribuidas de 4.9 millones de dosis. Este desbalance demuestra la reducción en la distribución. Y de mantenerse esa tendencia, “impediría” la distribución de más de 11.2 millones de dosis de vacunas. Agrega también “que existe una tendencia a la baja en la aplicación de vacunas en la población de mayores de 12 años, así como en los niños de 5 a 11 años”. Por último, la Contraloría emplaza al Minsa a que “adopte medidas preventivas y correctivas”. 

El 17 de agosto del 2022 el Minsa rechazó las afirmaciones de la Contraloría General de la República. En su nota de prensa “niega que haya 11 millones almacenadas y próximas a vencer en los próximos meses … y que Cenares no cuenta con vacunas que puedan vencerse en los próximos dos meses”. Agrega que las vacunas cuyo vencimiento es el 30 de septiembre “ya se están aplicando”. En ese contexto, el Minsa resalta que la “cobertura de inmunización ha subido hasta agosto al 90% en la primera dosis, al 85% en la segunda dosis y al 70% en la tercera dosis, hecho que coloca al Perú en el segundo lugar a nivel de América del Sur con la tercera dosis”. Además el Minsa ha señalado que la cobertura de vacunación de los niños de 5 a 11 años ha alcanzado hasta agosto el 71% con la primera dosis y hasta el 57% con la segunda dosis.  

La controversia no es banal. Por un lado, la Contraloría General de República ha señalado los riesgos –con cifras, fechas y montos económicos– para obligar al gobierno a tomar precauciones para que evite no solo el perjuicio económico, sino también las bajas coberturas que aún persisten en algunos segmentos poblacionales, como en las comunidades nativas u originarias, altoandinas y dispersas. También para disminuir las razones del escepticismo en la valoración de la vacunación contra el Covid-19 en la población aún renuente a la inmunización. El rechazo del Minsa no es la mejor alternativa ante evidencias tan contundentes. Al contrario, el aporte de la Contraloría da pie al Minsa para que se enfoque en la cobertura de vacunación e implemente medidas correctivas, que además, eviten el perjuicio económico. 

Por otro lado, la Contraloría evidencia algunos aspectos, que en general, pasan desapercibidos para el gobierno. Un primer aspecto es el concepto de mermas en el proceso de inmunizaciones contra el Covid-19. Las mermas o pérdidas de vacunas son inevitables debido a rupturas en la cadena de refrigeración o de frío, accidentes en el transporte, mal manejo por el personal y contaminación, entre otros. En ese sentido, se ha acuñado el Factor de Pérdida, cuyas cifras porcentuales de evaluación deben ser razonables, para que diferencie entre la pérdida inevitable de la evitable o de la eficiencia y del dispendio.

El Minsa ha elevado el factor de pérdida de 40% a 70% para los frascos multidosis en las zonas rurales, que realizan las vacunaciones casa por casa; y en las zonas urbanas, que están en locales fijos, hasta un 50%. Como se puede apreciar, las cifras porcentuales del factor de pérdidas son altas y suponen “un desperdicio legal” cuantioso. La evaluación costo-beneficio del desperdicio, con el afán de abrir frascos destinados a una, dos o tres personas, sin tener la obligación de utilizar todas las dosis restantes del frasco, parece ser “muy humano”; sin embargo, podría esconder una forma muy camuflada de esconder el vencimiento de las vacunas. En todo caso, la suspicacia aumenta, por la ausencia de la “trazabilidad de las vacunas”; es decir, el seguimiento o rastreo del origen y del destino de cada vacuna contra el Covid-19. El Minsa debería afinar sus mecanismos de auditoría, supervisión y control, para evitar que “algunos malos funcionarios”, utilicen este mecanismo, para esconder los vencimientos. 

El segundo aspecto es que la “necesidad” de vacunarse de la población disminuye a medida que percibe que han disminuido los casos severos, las hospitalizaciones y las muertes. En ese contexto, bajo la equivocada creencia de que la vacuna previene la enfermedad, la población tiende a dejar de vacunarse. Es necesario descartar esa “creencia” y aclarar que los no vacunados están en riesgo y pueden enfermar con formas severas porque las vacunas contra el Covid-19 existentes, aún no evitan los contagios. En ese sentido, el gobierno debería fortalecer sus mecanismos de comunicación e información a la población, aun susceptible, mediante ejemplos sencillos, prácticos y amigables, con evidencias científicas y con enfoque comunitario y de interculturalidad. Es imprescindible avanzar en la conformación de Redes Integradas de Salud con enfoque comunitario. ¡Urge una auditoría y la fiscalización del proceso de vacunación contra el Covid-19!