Pablo Peschiera, representante de la empresa liquidadora DIRIGE a cargo del proceso concursal de DOE RUN PERU.

RCR, 03 de mayo 2018.- La Junta de acreedores de la minera Doe Run Perú (DRP) aprobó la solicitud de adjudicación de los activos de esa empresa a sus trabajadores, que comprende el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y la Unidad Minera Cobriza (UMC). Esa alternativa estaba contemplada en la ley y en el convenio de liquidación de la empresa, señaló Pablo Peschiera, representante de la empresa liquidadora DIRIGE a cargo del proceso concursal.

Añadió que la solicitud de los trabajadores fue aprobada después de que no se presentaran postores a sendas rondas de remates de los activos de Doe Run Perú, en julio del 2017 y en marzo y abril de este año.

SORPRESA DE CAYMAN

Según se supo, la adjudicación se produjo gracias al apoyo del Ministerio de Energía y Minas (MEM) como acreedor mayoritario, más las acreencias de SUNAT, laborales, y quienes dieron la sorpresa, la ex empresa matriz, Doe Run Cayman, que permitieron superar el 90% de aprobación a la solicitud de los trabajadores.

Detalló que la decisión estableció que los acreedores laborales (trabajadores) tendrán un plazo de 30 días hábiles para pagar US$ 139,3 millones de dólares y suscribir la respectiva escritura pública.

Peschiera informó que los trabajadores han hecho un planteamiento para pagar una parte de este monto con sus acreencias laborales y del resto en efectivo, por lo que se encuentran gestionando la participación de inversionistas privados para reunir los fondos necesarios para concretar esta adjudicación

Los valores de adjudicación son US$ 70,6 millones de dólares para Cobriza, y US$ 68,7 millones de dólares para La Oroya, y el plazo para hacer el pago y suscribir la escritura se podría prolongar hasta el próximo 15 de junio, al incluir una posible prórroga.

Informó que “vencido el plazo sin que se haya cumplido con pagar el precio por la UMC o el CMLO, la adjudicación solicitada quedará sin efecto”.

QUE ES DOE RUN?

Doe Run, empresa del magnate estadounidense Ira Rennert, tiene unos 1.600 trabajadores en Perú y paralizó sus operaciones en 2009 aduciendo no tener suficientes recursos, tras ser acusada por las autoridades peruanas de incumplir con sus compromisos ambientales.

En abril de 2012 la minera fue declarada por sus acreedores en proceso de “liquidación en marcha”, ante la imposibilidad de aprobar el plan de reestructuración que presentó para volver a operar en el complejo metalúrgico de La Oroya.

La Corte Superior de Justicia de Lima determinó en agosto de 2014 que la empresa debía pagar al Estado peruano US$ 163 millones de dólares por no haber construido una planta de ácido sulfúrico y el circuito de cobre en el complejo metalúrgico de La Oroya, ciudad minera de los Andes, situada en el centro de Perú.