RCR, 15 de agosto de 2022 .- Tras realizar una supervisión a 89 módulos de seguridad ciudadana en los distritos de Breña, Cercado de Lima, Chorrillos, La Victoria, Lince, Rímac, Barranco, Comas, Independencia, Lurín, Pachacámac, San Bartolo, San Borja, San Juan de Miraflores, San Martín de Porras, San Luis, Santa María del Mar, Surco, Surquillo, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, la Oficina Defensorial de Lima identificó deficiencias en sus infraestructuras, falta de servicios básicos, de equipos de cómputo y sistemas de comunicación, así como falta de medidas de bioseguridad contra el COVID-19.

Al cabo de las visitas inopinadas y de la recopilación de información obtenida por representantes de la Defensoría del Pueblo, en el mes de mayo, se identificó que en 49 módulos (55 %) no se encontraba personal municipal de serenazgo. También se constató que en la mayoría de los módulos supervisados existían grietas y filtraciones en sus instalaciones, además, sus iluminarias estaban inoperativas.

Un caso particular fue lo constatado en el distrito de Lince, cuyo módulo de seguridad ciudadana ubicado en la cuadra 15 de la avenida José Gálvez, funcionaba en un conteiner que muestra estado de oxidación, con grietas y filtraciones. Similar situación se observó en el Cercado de Lima, donde se halló un módulo en la cuadra 5 del jirón Amazonas, que no contaba con equipos de cómputo ni sistema de comunicación, perjudicando la labor del personal de serenazgo.

De igual forma, se advirtió que puestos de atención ubicados en los distritos de Chorrillos y el Rímac, no tenían el servicio de agua potable y desagüe, ni contaban con servicios higiénicos y lavaderos. Mientras que, en el Cercado de Lima si bien la Municipalidad Metropolitana de Lima instaló baños portátiles, estos presentan condiciones insalubres, exponiendo la salud de las serenas y los serenos durante sus turnos de vigilancia en sus instalaciones.

Asimismo, personal entrevistado de los serenazgos del Cercado de Lima, Breña y el Rímac, informaron a la Defensoría del Pueblo que sus municipalidades no les habían brindado los equipamientos que son necesarios para el cumplimiento de sus funciones, como botas y uniformes.

Cabe resaltar que los módulos de seguridad ciudadana son instalaciones que han venido implementado diferentes gobiernos locales a nivel nacional, en el marco de sus competencias establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, con el fin de servir de soporte y apoyo al servicio de patrullaje integrado que deben coordinadamente con la policía y, además, como una alternativa de reacción oportuna frente al pedido de auxilio de víctimas de la delincuencia.

“Preocupa la situación precaria en la que se han encontrado algunos módulos, lo que no permite que sean debidamente utilizados como una opción más para mitigar los problemas de inseguridad que afectan a la población. Es necesario que las municipalidades destinen el presupuesto adecuado para brindar a las serenas y los serenos condiciones adecuadas para cumplir con su labor”, sostuvo Alberto Huerta, jefe de la Oficina Defensorial de Lima, tras indicar que Lima Metropolitana presenta el mayor número de denuncias por comisión de delitos a nivel nacional, de ellos el 70.2 % corresponde a delitos contra el patrimonio. En el año 2021 (enero-octubre) la PNP reportó 104 510 denuncias.

Indicó que la Defensoría del Pueblo se ha dirigido a los/las alcaldes/as de las distintas municipalidades supervisadas, formulando recomendaciones con el fin que se implementen medidas para dar plena operatividad a sus módulos de seguridad ciudadana, así como para brindar óptimas condiciones laborales y de bioseguridad de las serenas y los serenos.

Sobre esto último, se recordó que, a la fecha, se encuentra pendiente la reglamentación de la ley n.° 31297 – Ley del Servicio de Serenazgo Municipal, por parte del Ministerio del Interior, norma que permitirá regular su funcionamiento y estandarizar aspectos como el proceso de selección de su personal, su régimen laboral, formación y capacitación, uniformes y equipamientos, así como establecer deberes y derechos.

Finalmente, estando próximo el proceso electoral regional y municipal 2022, se recalcó que existe la obligación de la gestión edil saliente de garantizar la continuidad de la prestación del servicio público de seguridad ciudadana o serenazgo en sus correspondientes ámbitos de competencia territorial.