De darse luz verde al proyecto, le costaría al Estado alrededor del 0.4% del PBI, lo que provocaría que la meta del déficit fiscal para los años 2018 y 2019 no se cumpla, según el director del BCRP y ex viceministro de Hacienda, Carlos Oliva.
RCR, 24 de abril 2018.- El proyecto de ley que propone el paso paulatino de todos los trabajadores bajo Contrato Administrativo de Servicio (CAS) a los regímenes laborales 728 y 276 es muy importante, pues involucra a más de 300 mil trabajadores en todo el país, muchos de los cuales tienen entre 10 a 15 años en este sistema injusto que ha recortado los derechos a los trabajadores por cerca de 20 años, afirmó Hernando Cevallos, congresista de Frente Amplio y autor del dictamen original en diálogo con Red de Comunicación Regional (RCR).
“Estos trabajadores no tienen derecho a ingresar por concurso, no se les brinda capacitación régimen, no tiene ninguna estabilidad, no puede participar en ninguna forma de meritocracia en la institución, a veces tampoco gozan de seguro social pues sus contratos son a tres meses, etc. Esta situación no es correcta y necesitamos cambiarla”,
El proyecto de Ley establece la desaparición de este régimen de toda la administración pública, planteando la no contratación a través del régimen del CAS, y que los que actualmente laboran bajo este régimen en las distintas entidades, pasen de manera gradual, sin afectar el presupuesto anual, a un régimen legal como el 728 o el 276, según sea la situación particular cada entidad, mediante un concurso público exclusivo para ellos, teniendo como requisito un mínimo de dos años consecutivos o tres años alternando en la misma institución.
Esta propuesta apunta a regularizar a aquellos trabajadores que llevan trabajando más de dos años en la administración pública, y pasarlos a otro régimen en el que sus derechos sean reconocidos, comentó Cevallos.
“Para implementar la nueva norma, se tiene que conformar una mesa paritaria, con participación de las autoridades y los trabajadores, para analizar de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de cada entidad, el pase paulatino de trabajadores de un régimen injusto a otro que reconoce sus derechos”, indicó.
Cevallos dijo que en el proyecto no están considerados aquellos trabajadores CAS que años atrás trabajaron bajo este sistema, y fueron despedidos, culminó el contrato o renunciaron, sino solamente a los trabajadores que en este momento se encuentran laborando en la administración pública con más de dos años de servicios.
El proyecto de eliminación del CAS fue aprobado el 21 de marzo en la Comisión de Trabajo y será el pleno quien deberá ratificarlo
CUESTA S/. 2,000 MILLONES
El último reporte de Comex, recoge los riesgos que generaría tal propuesta de darse luz verde dado que le costaría al Estado alrededor del 0.4% del PBI, lo que traería como consecuencia que la meta del déficit fiscal establecida para los años 2018 y 2019 no se cumpla, según el director del Banco Central de Reserva del Perú y ex viceministro de Hacienda, Carlos Oliva.
A lo que se suma, que de acuerdo al Instituto Peruano de Economía, el costo de la planilla pública subiría entre un 25% y 30%, es decir, por lo menos unos S/ 2,000 millones adicionales por año, más o menos el presupuesto para los programas sociales Juntos y Pensión 65.
Entre 2009 y 2016, pasaron de 156,573 a 257,140 los trabajadores bajo este régimen, es decir, el número de servidores civiles CAS aumentó a una tasa anual promedio de 8.4% o un crecimiento acumulado del 76%, según la Autoridad Nacional del Servicio Nacional Civil (Servir).
