Advierte sobre escollos por excesivos parámetros ambientales y carga social de la empresa.

RCR, 08 de agosto de 2016.- Con la ampliación del plazo de la liquidación en marcha del Complejo Metalúrgico de La Oroya, el Congreso de la República dará las herramientas al Ejecutivo para que pueda solucionar definitivamente este problema, expresó Federico Pariona Galindo, congresista por Junín de Fuerza Popular.

En entrevista a RCR, Red de Comunicación Regional, el parlamentario dijo que el próximo miércoles eventualmente se discutirá el tema en el Parlamento (el actual plazo de la liquidación en marcha de la planta vence el 27 de agosto) y, tiene la confianza que finalmente el proyecto de ley remitido por el Ejecutivo sea aprobado sin mayores contratiempos.

Anotó que la bancada de Fuerza Popular, así como otras ya han expresado su apoyo en la búsqueda de soluciones a favor de los trabajadores y la población de La Oroya.

Como es público, el Gobierno presentó al Parlamento un proyecto con carácter de urgencia para modificar el Art. 64 de la Ley General del Sistema Concursal. El cambio propone elevar de dos a cuatro años el plazo máximo en que una empresa pueda estar en proceso de liquidación en marcha.

La medida –que según críticos es un “salvavidas” con nombre propio para La Oroya- busca que “las empresas puedan contar con un mayor plazo para la búsqueda de un comprador así como para las negociaciones que ello pueda implicar”.

Pariona Galindo, observó que la ampliación del plazo en primer lugar impedirá que los trabajadores se queden en la calle y luego permitirá se ejecuten las medidas que posibilite su reactivación (la refinería está paralizada desde hace siete años).

Sostuvo que el proyecto de ley no tiene nombre propio (a favor del complejo de La Oroya) porque todas las empresas del país en proceso de liquidación se podrán acoger a esta norma.

Más adelante, el congresista advirtió que la ampliación del plazo no va a solucionar el problema del complejo metalúrgico pues existen escollos que en el pasado desalentaron a los inversionistas como son los parámetros ambientales que se aplican en La Oroya, que son considerados muy excesivos, además de la carga social que implica el pasivo de la empresa.

Se espera, dijo, que el nuevo gobierno tenga la voluntad de buscar la mejor alternativa para viabilizar la puesta en operaciones del complejo y ello exigirá elaborar un mejor estudio sobre los estándares ambientales que deben ser aplicados allí.

En ese tenor, consideró pertinente que el Gobierno convoque a expertos de prestigio internacional.