Fuente: NP – Defensoría del Pueblo 

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado no ha seguido recomendaciones sobre clausura de botadero.

La Defensoría del Pueblo demandó a la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado la clausura definitiva del denominado botadero “La Muyuna”, ubicado en el distrito de RupaRupa en la ciudad de Tingo María, el cual ocasiona una grave afectación al ambiente  y representa un potencial riesgo para la salud de las personas,

Tras la denuncia de una ciudadana, los comisionados del Módulo de Atención Defensorial de Tingo María advirtieron que en el referido botadero, un grupo de personas se encontraba desarrollando labores de segregación sobre enormes montículos de residuos sólidos, y como producto de dicha acción, los residuos que no les servían eran arrojados al río Huallaga, generando así una evidente contaminación al ambiente.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo recomendó a la autoridad municipal de la provincia de Leoncio Prado, realizar acciones de supervisión, fiscalización y sanción a los recicladores y/o asociaciones de recicladores que vienen realizando labores de segregación en “La Muyuna”, en estricto cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Cabe recordar que el año 2012, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ya había recomendado a las autoridades municipales de Leoncio Prado clausurar dicho  botadero, priorizar la ejecución del proyecto de implementación de un relleno sanitario, llevar a cabo un plan de cierre en el menor plazo posible y ejecutar un programa de formalización de recicladores. Por tal motivo, la Defensoría del Pueblo ha solicitado al OEFA información sobre el estado de la implementación de dichas recomendaciones, así como respecto de las medidas que adoptará con relación a la inadecuada disposición final de residuos sólidos en el mencionado botadero. Junto a ello, se ha recomendado a la Autoridad Local del Agua Tingo María, ejercer su potestad sancionadora frente al arrojo de residuos sólidos del botadero “La Muyuna” al río Huallaga, así como disponer las medidas complementarias que el caso amerite, dentro del marco de sus competencias.

La Defensoría del Pueblo recuerda que es materia de la institución, supervisar el cumplimiento de las obligaciones de las entidades del Estado, frente a la vulneracióndel derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida de las personas