RCR, 26 de junio de 2022.- Gabriel Daly, exdirector general de Política de Promoción de la Inversión Privada en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sostuvo que las regiones de Apurímac, Cusco y Puno tienen un gran potencial minero, pero sufren de graves problemas de falta de infraestructura y conflictos sociales, que impiden su desarrollo económico. Señaló que a eso se suma una nula capacidad para ejecutar obras en beneficio de la población.
“Tienen un potencial minero, pero tiene un problema importante de brechas de infraestructura e indicadores con alta conflictividad social. Existen proyectos que están listos para empezar en beneficio de la población, pero lamentablemente su capacidad de ejecución no es la más adecuada”, dijo en el Jueves Minero “Desarrollo de Infraestructura Apurímac, Cusco, Puno”, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP)
Destacó que hay una importante cartera minera en las tres regiones, que beneficiaría tanto a la minería como a la población. “Los proyectos mineros también solamente son viables en la medida en que la población también tenga acceso a una serie de beneficios y sobre todo que tienen que ver con servicios básicos como agua, salud, colegio y carreteras”, remarcó.
Señaló que los problemas en infraestructura en las tres regiones no solamente es la falta de vías, sino también las brechas en agua y saneamiento, electricidad, y plantas de tratamiento. “Tienen una conflictividad social bastante alta y sus indicadores sociales están bastante deprimidos. Son características que representan o reflejan la situación de las tres regiones”, indicó.
Enfatizó que el plan de infraestructura debería ser anunciado próximamente por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al observar que los países más productivos y competitivos presentan una mejor calidad de infraestructura. “Si queremos que el Perú sea más productivo y más competitivo, tenemos que tener una mejor infraestructura. Y segundo, que existe una relación positiva entre el PBI per cápita y la calificación de calidad de infraestructura”, afirmó.
Remarcó que los países que tienen una calidad de infraestructura más alta tienen un PBI per cápita más alto. “Los planes de infraestructura son importantes, por cuatro razones. Un plan de infraestructura muestra una hoja de ruta y provee una visión hacia dónde quiere ir al país el país. Si quiere cerrar las brechas sociales, quiere promover competitividad, se establece una hoja de ruta y dice hacia dónde los ministerios deberían estar mirando y empujando, alinea a todos los actores del sector público y del sector privado para que estén mirando en una misma dirección”, expresó.
Señaló, en segundo lugar, que la hoja de ruta, da mucha predictibilidad a los inversionistas. “Cuando alguien quiere invertir en un país, lo primero que pregunta es cuál es la cartera de proyectos y esto lo pueden dar con Pro inversión, porque conocen en la entidad. Si el país es muy disperso en su estrategia y no logra ejecutar los proyectos se empieza a generar un problema porque ya no se vuelve creíble el país para el despliegue de infraestructura”, apuntó.
Mencionó, en tercer lugar, la importancia de la eficiencia en el uso de recursos. “Un país de ingresos medios no puede hacer todo y hay que ser bastante estratégicos. Hay que pensar bien a dónde vamos a invertir, tenemos que priorizar y ser muy inteligentes en dónde vamos a poner nuestros recursos. Los recursos no son ilimitados, tenemos un déficit fiscal bastante amplio, que luego de la pandemia se amplió. Y tenemos una trayectoria para llegar al menos 1.5% del PBI. Tenemos que ser muy estratégicos hacia dónde estamos poniendo nuestro dinero”, observó.
También dijo que un plan de infraestructura es un desincentivo hacia la corrupción. “El caso de Lava Jato demostró que algunas empresas del sector privado estaban imponiendo la agenda de desarrollo del país y mientras no haya una hoja de ruta se generan espacios para que se impulsen proyectos que no necesariamente son los que necesita el país en ese momento. Entonces básicamente lo que hacemos es alinear incentivos, tener Claridad acerca de nuestros recursos, para así poder tomar una decisión Hacia dónde vamos a invertir”, subrayó.
Brecha de infraestructura supera los 363 mil millones de soles
Enfatizó que la brecha de infraestructura en el Perú en el 2018 era de 363 mil millones de soles y se calcula que ahora es mayor. “Ahora esta brecha solamente mide el acceso básico a infraestructura, no mide la calidad. Es decir, mide si una casa tiene una conexión a gas, o agua. Sin embargo, no mide la calidad del agua, no mide cuántas interrupciones hay al día, si el agua viene con los niveles de cloro adecuado. En temas de Telecom tampoco mide la calidad del nivel, lo que se está midiendo es 2G, el acceso básico”, dijo.
Manifestó que la brecha más grande es en el sector transportes, en carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos. “Es importante también considerar que no mide la calidad de la infraestructura, tampoco mide lo que cuesta la operación de mantenimiento, no mide la calidad. Acá tenemos una brecha grande se hizo un primer esfuerzo en identificar, hoy en día toca actualizar esa brecha. Además, hay que tomar en cuenta los elementos de resiliencia. No puede pasar lo que pasó en El Niño. Los temas de calidad y operación y mantenimiento”, indicó.
Precisó que, en Apurímac, Cusco, Puno los indicadores de infraestructura están por debajo del promedio nacional. “En la red vial pavimentada Puno y Apurímac también por debajo, aunque no de manera tan evidente como en el primer ejemplo. En acceso a telefonía internet móvil las tres regiones están muy por debajo de los promedios nacionales”, afirmó.
También manifestó que el promedio nacional de los indicadores de pobreza es de 26%, y Puno y Apurímac están por encima. “Cusco sí está un poco por debajo, pero las otras dos regiones sí están por encima del promedio nacional. Los indicadores sociales también están severamente afectados”, expresó.
Subrayó que existe un gran porcentaje de conflictos sociales en las tres regiones. “Puno tiene 13, de los cuales 7 están activos, en Cusco 14 y en Apurímac 12. Básicamente el mensaje es que las tres regiones tienen mala infraestructura, tienen indicadores sociales bastante bajos y tienen una conflictividad social bastante alta”, apuntó.
Señaló que, según el Plan Nacional de Infraestructura, en Apurímac, Cusco y Puno se priorizaron proyectos que nunca se realizaron. “El primero es la Longitudinal de la Sierra, tramo 4, que conecta Abancay, Ayacucho y el terminal portuario San Martín. Es una carretera que se tiene planeado hace muchísimo tiempo, es una carretera de aproximadamente 10 mil millones de soles y no hay luz de que este proyecto todavía vaya a ser adjudicado”, explicó.
Mencionó que la masificación del uso del gas era un proyecto importante que cubría siete regiones del sur del país y hasta el momento no se hace nada. “Se estimaba que iba a tener 113 mil conexiones, un proyecto importante que hace 500 millones de soles. El proyecto fue anunciado por Proinversión y luego ha habido idas y venidas y el proyecto todavía no tiene luces hacia dónde va a ser, como se ve a ejecutar, si va a ser obra pública o si va a ser una PP y el proyecto está en 0% de ejecución”, observó.
“Después se priorizó un proyecto que se llama Proregión, que son carreteras de penetración en la zona, de 241 km para un tramo y 133 para el otro de cómo fueron planeados. En el caso de Apurímac también están en 0% de ejecución y son carreteras sumamente importantes que benefician básicamente a agricultores y a pequeños productores”, agregó.
Recordó que, en el Cusco, el primer proyecto que se priorizó fue el aeropuerto de Chincheros, que ya caducó. “Todos saben los problemas que tuvo y fue un contrato que se tuvo que caducar y fue licitado por gobierno a gobierno. Hoy en día se encuentra en la etapa de movimiento de tierras y tiene una ejecución del 27%”, indicó.
Declaró que el Gasoducto Sur Peruano es un proyecto hoy en día caducó, es inexistente y tiene una ejecución del 0%. “El proyecto no existe y no hay claridad acerca de qué es lo que se va hacer con ese proyecto. Hoy en día el Estado invierte muchísimo dinero en la custodia de los tubos, los que fueron dejados en el puerto, los que están desplegados en la servidumbre y también los que fueron ya en este puesto bajo tierra”, dijo.
“En Cusco también hay un proyecto de Proregión de 112 millones de soles, 274 km, que son carreteras de penetración pura y dura y con una ejecución del 0%. Entonces cuando se hizo el plan de infraestructura cómo pueden ver en el mapa se tomaron en consideración cuáles eran las minas importantes y la lógica era poder conectar a las regiones para que los productos se pudieran mover del punto a al punto b y tener un impacto positivo tanto en la productividad como la competitividad del país. Esto fue 2018 lamentablemente no hemos podido avanzar mucho y es algo que tenemos que ver”, expresó.
Señaló que en Puno los proyectos priorizados fueron 10 plantas de tratamiento en el lago Titicaca, donde cuatro se tenían que remodelar y siete que construir. “El proyecto tiene un avance de solamente el 0.2%, a pesar de que fue adjudicado hace ya varios años además estaba en el mejoramiento ampliación de los servicios de agua potable, casi 4 mil nuevas conexiones, proyecto de 1,700 millones de soles con una ejecución de 0.7%”, apuntó.
“No le estamos dando agua potable y desagüe de la población de Puno y esto está estrechamente ligado a temas de anemia y problemas de salud que en el largo plazo impactan en el capital humano. Puno, además, tenía alrededor del lago Titicaca y también en Juliaca proyectos importantes de manejo de residuos sólidos, se hicieron empaquetamientos de proyectos para hacer un manejo eficiente y cómo pueden ver la ejecución de esos proyectos también es del 0%”, advirtió.
El Estado demuestra incapacidad en ejecución de obras
Señaló que el Estado ha demostrado una incapacidad para ejecutar obras de infraestructura en todo el país. “Los proyectos son a veces diseñados con una ingeniería muy básica, no con los mejores expertos, hacer infraestructura no es algo sencillo, sobre todo si estamos hablando de carreteras en zonas de montaña. No es fácil, es complicado hay alto, hay muchos riesgos geológicos y hay problemas. La infraestructura tiene que ser hecha de manera adecuada”, dijo.
“En el tema de concesiones el Perú durante mucho tiempo se ha encargado de adjudicar contratos, donde las matrices de riesgos no estaban claramente elaboradas y donde el Estado peruano se comprometía entregar una cantidad de terrenos en un mes, pero terminaba entregando esos terrenos 11 años después, como el aeropuerto Jorge Chávez”, indicó.
Mencionó que hay una tramitología que afecta la celeridad de las obras. “Hay permisos de entidades nacionales, desconcentradas y descentralizadas y esto también tiene que conversar con todos los permisos que tienen los gobiernos regionales y los gobiernos locales y también tiene que ver con un tema de capacidades, que hay que añadir tanto los ministerios como a los gobiernos regionales y locales. Esto se ha vuelto más evidente también con este gobierno, que ha ido este nombrando funcionarios que no necesariamente son los más indicados para manejar el aparato público”, observó.
También dijo que la Sutran solo fiscaliza el 8% de las vías y no incluye las vías regionales. “La informalidad es entre 80 y 85% de camiones de cargas y el Perú es el país de América Latina que tiene el parque automotor más viejo, por lo cual la red vial es poco sostenible en el largo plazo”, puntualizó.
Sostuvo que el Estado debe ser más estratégico en la planificación del despliegue de la infraestructura. “Esto va a tener que ser bastante importante de cara a las elecciones regionales y locales. No puede ser que cuando entren nuevas autoridades se haga borrón y cuenta nueva de todos los proyectos que se han avanzado”, declaró.
“Tenemos que ser muy estratégicos, hacia dónde vamos a poner nuestro dinero y sobre todo cómo vamos a beneficiar a la población en cierre de brechas en servicios básicos, agua, desagüe y electricidad, colegios y salud son prioridad hoy en día”, recalcó.
Destacó que se tiene que empezar a invertir en calidad. “No puede ser que los iris de las carreteras sean tan bajos que, ante cualquier desastre natural, que Dios quiera no pase, nuestras vías se vean afectadas. Cuando pasó el fenómeno de El niño se cayó un puente y el norte del país quedó totalmente desconectado de la capital”, observó.
“Tenemos que empezar invertir en calidad. Se estima que $1 invertido en calidad ahorra $7 en el largo plazo en cualquier tipo de infraestructura. Nuestros contratos tienen que ser diseñados de manera adecuada. Proinversión está haciendo un esfuerzo importante con algunos proyectos contratando los mejores expertos para no tener adendas y problemas de ejecución este y tenemos que tener mayas manejo de proyectos y programas”, insistió.
Señaló que el MEF sacó una norma importante inversión pública, que permite agrupar, sistematizar y empaquetar proyectos, para desplegarlos de manera más eficiente. “Solamente se ha hecho uno de esos programas con el Minedu, pero se deberían hacer programas este despliegue de una red de salud, que incluya 10 postas en una localidad o región”, subrayó.