Fuente: Defensoría del Pueblo NP: N° 006/OD-Ica/2018
Defensoría del Pueblo verificó gran cantidad de medicamentos vencidos, cuyos pedidos se realizaron desde el 2014.
Pérdida corresponde a más de 1 millón de soles.
La Defensoría del Pueblo verificó la existencia de 104 937 unidades de medicamentos vencidos en el Hospital Regional de Ica a causa del requerimiento excesivo de los mismos. Tras ello solicitó a la dirección del establecimiento de salud, así como a la Dirección Regional de Salud (Diresa) iniciar la investigación disciplinaria correspondiente, a efectos de identificar a los funcionarios responsables de este caso que vulnera el derecho a un servicio de salud de calidad de las personas.
Específicamente, los lotes registrados corresponden a 83 tipos de medicamentos vencidos desde el año 2015 hasta la fecha. Ya durante el 2017, personal de las áreas de Farmacia y Almacén constató que la pérdida total equivalía a S/ 1,129.647.300 soles.
Según la documentación proporcionada por el hospital, a pesar de que al año solo se requiere de 1 000 unidades de Valproato sódico jarabe, para el 2018 se solicitó 20 000 unidades. Similar situación se advirtió con la sobre adquisición de frascos de Lopamidol 370 mg/mil x 50 ml y Lopamidol 370 mg/mil x 100 mil, de los cuales 5 167 han vencido y 1 990 vencerán en mayo del presente año.
Para mitigar el daño, personal administrativo coordinó con otros establecimientos a nivel nacional para transferir algunos medicamentos antes de que estos venzan. Sin embargo, el requerimiento excesivo ya habría afectado la capacidad económica del hospital, pues los recursos usados pudieron destinarse para otros fines en favor de la salud de la población de Ica.
Información ha sido trasladada a autoridades competentes
Tras sendas reuniones con la Defensoría del Pueblo, la dirección del mencionado establecimiento, así como la Diresa, se comprometieron a iniciar una investigación disciplinaria contra el personal responsable del proceso de adquisición de estos medicamentos, así como contra los funcionarios que debieron adoptar medidas cuando tomaron conocimiento de estos hechos en junio del 2017.
La información recogida fue trasladada, además, a la Fiscalía Penal Corporativa de Ica así como a la Contraloría Regional de manera que tomen acciones de acuerdo a sus atribuciones.
