Es tremendamente preocupante la decisión de la autoridad migratoria peruana, de expulsar de nuestro territorio a la ciudadana venezolana Paulina Facchin, quien siendo perseguida en su país por el régimen rojo de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, optó por venir al Perú con su cónyuge e hija, donde residen desde hacen varios años.
Paulina es harto conocida en nuestra patria pues además de abogada en ejercicio, con estudios validados y con inscripción en el Colegio de Abogados de Lima, actúa como activista en pro de que Venezuela regrese al cauce democrático, fustigando los excesos dictatoriales de Maduro, para lo cual, ejerciendo su derecho de expresión, actúa en los medios de prensa opinando sobre el particular.
Llegó Paulina y su familia radican en Lima, donde por su profesión, ánimo de permanencia, actividad académica y jurídica reputada, acredita arraigo, habiendo solicitado asumir la nacionalidad peruana. No le bastó ser residente, tampoco quiso acogerse al derecho de asilo, reconocido en la Constitución Peruana y en tratados internacionales, prefirió ser peruana por el cariño que le tiene al país que la acogió.
Sin embargo, la autoridad migratoria le impide ser peruana, le cancela la residencia y encima, dispone su expulsión, ello con el riesgo de ser devuelta al país llanero, del cual es originaria, con lo cual se pone en peligro su vida e integridad, pues para el gobierno del país de su nacimiento, es una traidora y enemiga. La expulsión a Venezuela contraviene frontalmente el artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que preceptúa que en ningún caso el extranjero puede ser expulsado a otro país … donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo a de violación a causa de … sus opiniones políticas”. Ya antes, en circunstancias muy extrañas fue agredida, resultando su hija herida, lo que da más que motivos para sentirse expuesta a nuevos peligros.
El pretexto para que se ordene su expulsión, es que habría dado información falsa en el expediente de su naturalización peruana, pues ya no laboraba en el Estudio Jurídico al que prestó servicios, pero increíble desconociendo que por sus actividades profesionales podía ser trabajadora dependiente o independiente, y en su caso concreto pasó de dependiente a independiente, como la mayoría de los profesionales del Derecho, no solo en el Perú sino en todo el mundo.
Si bien es cierto que la resolución de la expulsión ha sido declarada nula, en lugar de ordenarse el archivo, se ha dispuesto emitir nueva Resolución, con lo cual el peligro de expulsión se encuentra vigente, así no sea a Venezuela.
Disposiciones reglamentarias, jaladas por cierto de los pelos, no pueden estar por encima de normas constitucionales y tratados internacionales, que consagran el derecho a la vida, a la integridad personal, a la familia y a mantener su unidad, al ejercicio de la libertad de expresión y de opinión, el derecho al trabajo y a fijar residencia. Tiene que cesar el hostigamiento señalado que daría la sensación de ser fruto de discriminación por razones política. Esperamos se corrija cuanto antes la injusticia.
