Sólo podría cumplir arresto domiciliario por razones humanitarias, sostiene.

RCR, 26 de julio de 2016.- Un eventual indulto a Alberto Fujimori por parte del presidente Ollanta Humala o su sucesor Pedro Pablo Kuczysnki, no sería procedente porque no es un caso común ya que el Perú es suscriptor de convenios internacionales sobre la imprescriptibilidad de ciertos delitos, sostuvo Alberto Quintanilla Chacón, congresista del Frente Amplio (FA).

En diálogo con RCR, Red de Comunicación Regional, el legislador por la región Puno dijo que en el caso de Alberto Fujimori un indulto simple no le conviene al país y la única posibilidad que salga de prisión sería si cumple arresto domiciliario gracias a un trámite de carácter humanitario -avanzada edad o enfermedad del reo- gracia que requiere previos informes legales de la junta médica y otros.

Recordó que la figura del indulto precisamente es una potestad presidencial y la posición que en ese sentido tengan los congresistas no tiene ningún valor legal, al respecto hay una clara división de poderes.

Este fin de semana, PPK afirmó que no indultará al ex preside Fujimori –condenado a veinticinco años de prisión por delitos de lesa humanidad- pero si el Congreso de la República da una ley genérica que permita a los reos mayores de setenta y cinco años cumplir su condena por delitos de lesa humanidad con arresto domiciliario, la firmaría.

Más adelante, Quintanilla Chacón dijo que el Frente Amplio inicialmente convocó a varias bancadas congresales para la presentación de una lista multipartidaria para competir en la elección de la Junta Directiva del Parlamento Nacional, esa convocatoria no tuvo eco y finalmente FA irá sola en esta lista para que sirva a la población y a los congresistas como alternativa a la lista que presentará la alianza de Fuerza Popular, el partido aprista, Alianza Para el Progreso, etc.

Finalmente, el flamante congresista explicó que su agenda parlamentaria para Puno se sustenta en cinco líneas de acción, el más importante, la descentralización y la iniciativa de que cada tercio del presupuesto público destinado a la inversión sea administrado, respectivamente, por el gobierno nacional, los gobiernos locales y municipalidades.

Además, la lucha contra la corrupción; el destrabamiento de la desaceleración económica; la defensa del medio ambiente y la mejora de la calidad educativa.