RCR, 10 enero de 2022.- Eliana Revollar adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, exigió a los operadores de Justicia tomar medidas más efectivas para detener la ola de feminicidios en el Perú. Señaló que sólo en la primera semana del año 2022 se han registrado cinco casos de feminicidio, en tanto que en el 2021 ocurrieron 146 casos.
“Si nosotros hacemos un comparativo del registro de feminicidios de la Defensoría del Pueblo en el año 2020 (con pandemia y una inmovilización social) ha ocurrido 136 feminicidios. El año 2021 hemos cerrado con 146 de estos casos es decir cerca de un 7% más de ocurrencia de feminicidios consumados en el país. Esta es una situación que preocupa, porque en la primera semana del mes de enero del año 2022 han ocurrido 5 feminicidios en nuestro país”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Señaló que hay una exigencia desde la Defensoría del Pueblo para que haya una acción muy pronta para administrar justicia. “También para abordar la problemática en su real dimensión y complejidad porque los feminicidios son el último eslabón de una serie de hechos de violencia que sufren las mujeres a lo largo de su vida y generalmente en relaciones de pareja o expareja”, indicó.
Remarcó que el sistema especializado de Justicia todavía no está respondiendo como debe ser en el juzgamiento y la sanción de estos casos. “Los casos de los años 2017, 2018 y el 2019 recién están siendo sancionados. Por la naturaleza de este delito y por el rol preventivo pedagógico que debe jugar el sistema criminal, tiene que haber mucha celeridad y mano dura para estos feminicidas, porque ese es un ejemplo para aquellos que están amenazando a sus parejas y exparejas con matarlas, para frenar esta situación”, afirmó.
Agregó que se ha detectado una serie de fallas en el sistema especializado conformado por la Policía Nacional (en las comisarías), el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y los centros emergencia mujer, que hacen el tema el patrocinio, y el apoyo psicológico y social a las víctimas.
“Muchas veces las denuncias no son tramitadas con la celeridad del caso y no se llega a determinar cuál es el riesgo alto en el que está la mujer. Si es un riesgo alto significa que esa mujer puede perder la vida a manos de su agresor. Muchas mujeres han llegado a morir, han tenido medidas de protección declarativas, que han llegado a notificarse póstumamente cuando ellas han fallecido”, explicó.
También dijo que hay un rol de las políticas públicas en la prevención. “Cómo hacemos en nuestro país para acabar con esta cultura machista. Tenemos que propiciar una educación igualitaria, que las niñas y niños tengan iguales valores iguales oportunidades. La violencia en todas sus expresiones es una muestra de ese poder y privilegios que cree tener el hombre sobre la mujer sobre su cuerpo sobre sus decisiones”, expresó
“Desde el 2015 contamos con la ley 30364, que considera la violencia en todas sus formas y da una serie de responsabilidades y un proceso muy célere, para dar medidas de protección en favor de las mujeres y esa protección después se materializa en la protección que da la Policía Nacional”, precisó.
Explicó que el feminicidio como figura penal es entendida como el hecho de matar a una mujer por su condición de mujer. “También es un tema de discriminación. Por ejemplo, últimamente una adolescente de 15 años ha sido asesinada, quizá por ser víctima de trata. Entonces no había una relación sentimental que le pueda haber atado a esa persona. Este es un tema de feminicidio porque le están matando por su condición de mujer”, subrayó.
“En la Defensoría del Pueblo tenemos una línea gratuita que es la 080015170, a la que pueden llamar para hacer sus consultas, formular sus quejas o que la Defensoría en nombre de las víctimas puedas recurrir al Estado a exigir una respuesta con prontitud”, destacó.
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