RCR, 09 de enero de 2022.– Julio Failoc, analista político y director de la revista “Apuntes a Lápiz”, sostuvo que el gobierno de Pedro Castillo es el responsable de los bloqueos contra Las Bambas por crear falsas expectativas en la zona de influencia minera. Destacó la necesidad de plantear una estrategia de desarrollo integral para cerrar las brechas sociales en las comunidades de Apurímac.
“Este gobierno ha logrado escalar al máximo el nivel de conflictividad justamente por las expectativas que generó. Ese mensaje de no más pobres en un país rico es un mensaje que tiene que ser traducido, no con un enfrentamiento, sino como logramos que el crecimiento económico se convierta en el desarrollo de los territorios y de las personas que viven en las zonas de influencia minera”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Señaló que la conflictividad social en los entornos mineros no es responsabilidad de la actividad minera, es responsabilidad del Estado. “Es responsabilidad del Estado, porque es el Estado el que administra los recursos y se tiene que garantizar que la inversión sea utilizada de manera óptima, sino que se utilice en función de las personas que viven en las comunidades de los entornos mineros”, indicó.
“La responsabilidad es del Estado y tiene que plantear una estrategia integral de desarrollo de todo el territorio, que terminen de resolver estas brechas en salud, educación, conectividad y seguridad social. En estas zonas no debería haber niños desnutridos, ancianos desamparados y jóvenes sin oportunidad de trabajo. Esto es responsabilidad del Estado. Si consideramos que la minería es un elemento importante de desarrollo, tenemos que atender a los entornos mineros”, expresó.
Manifestó que fue un error del Gobierno de haber permitido el traslado de minerales de Las Bambas por una carretera de comunidades aledañas. “Si hubiera habido un mineroducto como existe en Áncash, no tendríamos estos problemas y no se habría paralizado la producción”, explicó.
“La conflictividad socioambiental no es de ahora y es asunto estructural. Este asunto debe ser tratado y abordado como tal. Los gobiernos han tratado a la conflictividad como si fueran paliativos, como si se tratara de una fiebre ocasional, incluso muchos gobiernos trasladaban la conflictividad de un gobierno a otro con salidas irresponsables que terminaron de hacer inviables muchos de los proyectos”, apuntó.
Enfatizó la necesidad de plantear una estrategia de desarrollo integral de la zona de influencia de Las Bambas, que termine de solucionar esas brechas sociales. “Es un territorio con mayores niveles de pobreza en el departamento de Apurímac. Eso no es problema de la empresa, es responsabilidad del Gobierno”, apuntó.
Remarcó que el Gobierno debe diferenciar a las demandas legítimas de las posiciones radicales en un conflicto social. “En el conflicto de las comunidades existen hasta tres autores, que el Gobierno debe identificar. Hay un segmento chantajista contra el cual se tiene que actuar con la ley. Existen aquellos que hacen del conflicto su vida política, para llegar al Congreso o a una alcaldía. hay una tercera que tiene que ver con la comunidad y tienen sus preocupaciones legítimas”, mencionó.
“Para evitar la intervención de esta gente desalmada, que vive económicamente del conflicto, el Estado se tiene que hacer responsable de colocar asesores a las comunidades para evitar que recurran a esta gente desalmada, que lo único que busca es el bloqueo de carreteras”, subrayó.
Señaló que el Estado debería trabajar con un enfoque preventivo en las comunidades, para evitar la conflictividad. “Por ejemplo, en este tema del litio en Puno, ¿hay alguien que hable de las bondades del litio?, o ¿alguien habla del potencial impacto ambiental de la explotación del litio? El problema es que el Estado interviene cuando el conflicto ya está escalado”, afirmó.
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