• Se sigue recurriendo a la estrategia hospitalaria, militar y policial.

El último día del año, mediante Resoluciones Ministeriales 1355 y 1356-2021/MINSA, se han aprobado las directivas sanitarias para el uso de las “playas de baño”, así como de las piscinas públicas y privadas de uso colectivo, en el marco de la pandemia Covid-19. La Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) es el órgano del Ministerio de Salud (Minsa) responsable de la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano y recreacional de las playas y piscinas, entre otras funciones. Los gobiernos locales y los municipios, junto con los agentes de la administración de las piscinas de uso colectivo, son los encargados de cumplir las directivas sanitarias recién promulgadas. La nota curiosa es que el mismo 31 de diciembre del 2021 también se ha cambiado al funcionario de confianza que está a cargo de esa dirección general. 

En relación con las piscinas, al margen de la importancia de su clasificación por tipo, deben contar con la calificación de “saludable” otorgada por la autoridad sanitaria de la jurisdicción. Además, verificar en la medición del agua, el PH (6.5 a 8.5), el cloro residual libre (0.4 a 1.2 mg/L) y la turbidez (menor de 5 UNT), antes y durante el horario de atención. También mantener la recirculación y filtración del agua y la dosificación del cloro durante las horas efectivas de uso de la piscina. Un aspecto esencial es el cartel del aforo y el horario de los turnos para evitar las aglomeraciones, según tipo de piscina. La norma reitera las normas generales del uso de la mascarilla, del alcohol y del distanciamiento físico de las personas. Además, plantea una cartilla de 10 recomendaciones preventivas relevantes, del tipo “si no estás en el agua, es obligatorio el uso correcto de las mascarillas cubriendo nariz y boca”. 

En relación con las “playas de baño” –es decir, con el margen, la orilla o ribera de arena o piedra que rodea las aguas del mar o de los ríos que se utilizan para descansar, así como el agua del mar, de los ríos y lagos que son usados como “zonas de baño”– la directiva sanitaria ha señalado una serie de pautas, desde su habilitación y su calificación como “saludable”, hasta el aforo, control  de aglomeraciones, el uso de mascarillas, el distanciamiento físico, así como, contar con puestos de primeros auxilios, señalización de seguridad, servicios higiénicos portátiles o fijos, entre otros. Se ha dispuesto, la demarcación de “cuadrículas de cuatro metros de lado con un distanciamiento de tres metros entre ellas, para la ubicación de una persona hasta un núcleo familiar de cuatro personas”.   Además, solo se permite el consumo de alimentos envasados, frutas y bebidas no alcohólicas “dentro de las cuadrículas dispuestas”.  Igual que el caso de las piscinas, también se ha hecho una cartilla con 14 recomendaciones preventivas, que incluye la prohibición de las mascotas, a excepción de los perros guías. 

A pesar de las normas promulgadas el Gobierno dispuso el cierre de las playas del litoral y de las piscinas los días 31 de diciembre y 1 de enero del 2022, “para evitar las aglomeraciones”. Encargó a la Policía y a las Fuerzas Armadas, con los municipios, hacer cumplir la prohibición. Además recordó que sigue vigente el Decreto Supremo 184-2020-PCM, que prohíbe las piscinas de uso recreativo en clubes zonales, centros de esparcimiento, con excepción de las formativas y terapéuticas. En ese sentido, se ha puesto en evidencia la incongruencia de las acciones del Gobierno que, en un mismo día, promulga dos normas contradictorias, sin tomar en cuenta el Decreto Supremo 184-2020-PCM. 

Además, el énfasis del Gobierno en la lucha contra la pandemia ha sido puesto en la vacunación, en las dos dosis, en la tercera como refuerzo y en la vacunación infantil. En ese sentido, el ministro de salud ha resaltado que su gestión ha logrado más del 80% de la cobertura de vacunación de dos dosis, a pesar de reconocer, que en el análisis del detalle de las cifras por regiones, hay poca cobertura en las poblaciones de las comunidades nativas u originarias, alto andinas y dispersas, debido a los problemas de acceso. En ese sentido el ministro afirmó, “por supuesto que hay algunos lugares de nuestro país que casi son inaccesibles, a veces para viajar a algunas zonas donde están las tribus originarias son 15 días de viaje por deslizador y por tierra”. Sin embargo, la exclusión de esas poblaciones, de aproximadamente tres millones de ciudadanos, es recurrente a lo largo de la historia. A ese grupo poblacional hay que agregar a los renuentes a la vacunación y ahora a los niños.  A pesar de eso, se ha anunciado que se donará vacunas a otros países, quizás de África. Según el ministro de Salud, “lo que queremos es tratar de donarlas, que el laboratorio (que nos vendió) nos permita hacer esas donaciones para que no se venzan”. 

Como se sabe, la vacunación contra el Covid-19 no evita los contagios. Según el ministro de Salud, “si vienen 200,000 contagiados no vamos a poder controlarlo”, no podemos “resolver (la carencia) de recursos humanos” por tanto, “es necesario evitar los contagios”. Y esa es la debilidad de la estrategia que aplica el Minsa. Por tanto, se ha visto en la obligación de recurrir a la estrategia hospitalaria, militar y policial para que las prohibiciones y las limitaciones de los derechos humanos que el Gobierno decreta se cumplan. Al contrario, es indispensable mayor coherencia y que se fortalezca el Primer Nivel de Atención con enfoque comunitario.