Fuente : Perú21

No se achica. En el gabinete ministerial analizan los escenarios que traería consigo la salida del defensor del Estado que ayer defendió su posición de investigar a Castillo. De concretarse la remoción, Torres –el ministro de más confianza del profesor– podría ser interpelado.
Un hecho es concreto: el nuevo escándalo en el que está inmerso el gobierno de Pedro Castillo sucedió después de que el procurador general Daniel Soria denunciara al presidente ante la Fiscalía por no entregar la lista de visitantes que recibió clandestinamente en la casa de Breña desde que tomó el poder, en julio de 2021.

Sin embargo, lo que ha puesto en un verdadero aprieto a Castillo es la revelada maniobra por remover a Soria. La jugada ha quedado establecida con la constatación hecha por Perú21 de la reunión que sostuvieron el abogado del mandatario, Eduardo Pachas, y el ministro de Justicia, Aníbal Torres, en el despacho de este último un día antes de que ambos salieran públicamente a poner en entredicho la continuación de Soria en el cargo.

Torres dijo el pasado miércoles que ya está evaluando el nombramiento del defensor del Estado, que sucedió en febrero de 2020, tal y como lo pidió Pachas.

Este diario conoció, de acuerdo a fuentes allegadas al gabinete ministerial, que la crisis ha incomodado a la premier Mirtha Vásquez, pese a que hace unos días apañó sin inmutarse la estrategia legal de arremeter contra el procurador público.

En el Ejecutivo están analizando los escenarios que implicaría retirar al procurador general. De sacarlo bajo el argumento que esboza Pachas –el no haber cumplido con el requisito de ejercer la defensa del Estado durante dos años–, se podrían anular todas las resoluciones firmadas por Daniel Soria hasta ahora.

Con ello se podría generar un lío legal para el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, que entre sus funciones tiene el garantizar el cobro de reparaciones civiles.

Otra posibilidad es que si se concreta la destitución, conociéndose que existió una cita previa entre el abogado de Castillo y el titular de Justicia, la Fiscalía advierta una nueva irregularidad del presidente y abra investigación contra este y el ministro Torres.

Y es que el procurador estaría siendo víctima de una venganza, porque con la denuncia que presentó ha cumplido con las atribuciones de las que goza por ley.

Lo que preocupa también al entorno de Vásquez es la reacción del Congreso. Si Soria es sacado, el Parlamento podría interpelar a Aníbal Torres por haber coordinado con el abogado Pachas una represalia.

De hecho, ayer el congresista José Arriola (Acción Popular) pidió a la presidenta de la Comisión de Justicia, Gladys Echaíz, que cite a Torres “por sus desafortunadas declaraciones” con las que ha evidenciado que el gobierno “estaría obstruyendo” el trabajo de la Procuraduría General.

El ministro de Justicia, por su parte, reiteró ayer desde Piura que el nombramiento del procurador sigue bajo escrutinio. “Yo lo que pregunto a la prensa es lo siguiente: ¿qué hacemos si el señor (Soria) no reúne los requisitos?”, se excusó en breves declaraciones.

Soria sale al frente

Daniel Soria acudió ayer al Congreso para declarar en sesión privada ante la Comisión de Fiscalización sobre las acciones que realiza de cara a las indagaciones iniciadas contra Pedro Castillo. A su salida, dio sus impresiones sobre la cita que mantuvieron Pachas y Torres antes de pedir su cabeza.

“Está claro que la defensa jurídica de un funcionario público en un proceso está a cargo de un abogado privado; un funcionario no puede defender a otro funcionario, esa es una regla clara que siempre tiene que cumplirse”, declaró a la prensa.

Soria también dejó abierta la posibilidad de presentar un recurso constitucional para intentar revertir la decisión de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien suspendió las investigaciones que le abrió a Castillo alegando que a un presidente no se le puede investigar en funciones.

“Estamos evaluando por qué caminos transitar; por ejemplo, al tratarse de un conflicto de interpretación constitucional, el llamado a solucionar ese conflicto es un juez constitucional; los jueces están el Poder Judicial pero la última instancia es el Tribunal Constitucional, que tiene la interpretación final”, sostuvo.

Ávalos abrió indagación al presidente por la injerencia irregular en los ascensos militares, y su aparente participación en las licitaciones del puente Tarata –tras reuniones con la lobista Karelim López– y biodiésel que ganó una compañía de Samir Abudayeh, empresario con el que también tuvo una cita previa.

No obstante, no emprenderá ninguna diligencia contra Castillo, amparándose en el artículo 117 de la Constitución.