RCR, 16 de Diciembre 2021 .- Luis Miguel Castilla, director de Videnza Consultores y exministro de Economía y Finanzas, calculó que el crecimiento económico del Perú en el 2022 va a ser mucho menor al 4%, debido a la paralización de varios proyectos mineros por los conflictos sociales. También explicó que cuando una economía está en recuperación, los libros de texto indican que no se deben incrementar los impuestos.
“Este año estamos en un rebote estadístico muy grande después de la contracción por las cuarentenas. Tenemos un crecimiento que según el BCR puede llegar al 13% al cierre del 2021. A esto se suma que tengamos vientos a favor muy positivos, el precio del cobre y las materias primas que exportamos ha dinamizado muchas exportaciones. Lo tercero, es que las dudas respecto a las vacunas, se han zanjado. Esto ha ayudado a una recuperación”, dijo en el programa “A fondo” de RCR
Sin embargo, aclaró que el 2022 el Perú no va a tener el crecimiento esperado por los bloqueos y atentados que han sufrido varias operaciones mineras. “Uno de los motores, que es el sector minero, está envuelto en su cuarto conflicto de paralización. Y esto era una de las apuestas, el crecimiento de 4.5% que establecía el MEF para el año entrante, supone que la inversión en minería va a continuar, las minas que ya están en operación van a continuar, y que las nuevas van activarse”, indicó.
“El problema es si el 2022 se va a sostener esta recuperación económica y el consenso de los economistas tiene muchas dudas respecto a la continuidad de esta recuperación. Yo creo que no, porque los motores los está apagando el mismo Gobierno y el consumidor está siendo afligido por el incremento de los precios, que está erosionando su capacidad adquisitiva y está poniendo un tope al crecimiento del consumo. El 2022 luce menos positivo y muy por debajo del estimado oficial de crecimiento económico”, recalcó.
Manifestó que el entorno enrarecido de conflictos no es fácil de resolver y el Gobierno en lugar de poner paños fríos, ha azuzado a la población que busca beneficios de todo tipo. “(Las brechas sociales) no se atribuyen a la incapacidad del Gobierno en usar la enorme cantidad de recursos, que ha logrado recaudar a lo largo de los años, en servicios que mejoren la calidad de vida”, expresó.
Explicó que, cuando se ha intentado mejorar la equidad de la distribución del canon en una misma región, ha sido muy difícil por la resistencia de las mismas autoridades. “Lo que ocurre es que muchas autoridades regionales y locales vulneran la ley, porque el canon es para reducir brechas sociales en agua, saneamiento y educación, para mejorar la calidad de vida de la gente”, precisó.
“Hay gobiernos regionales que prefieren mantener el statu quo y gobiernos locales que tienen más recursos que los gobiernos regionales. Esto responde no solo a problemas de gestión pública, hay proclividad a beneficiar pequeños proyectitos, que son mas sujetos a ser capturados por intereses o corruptelas. Hay una altísima rotación de autoridades y hay falta de capacidades. Cuando se intenta cambiar esto, hay una resistencia”, remarcó.
También dijo que cuando una economía recién se está recuperando y el trabajo es precario, los libros de texto dicen que no se debe incrementar impuestos, no se debe apostar por una política fiscal contractiva. “Más allá de eso en un entorno de tanta desconfianza”, apuntó.
“Ahora que se discute un eventual incremento de la carga impositiva al sector minero, pero no se trata de incrementar recursos, porque recursos hay, el problema es un tema de ejecución, para reducir la pobreza y ampliar los accesos a servicios básicos, agua, saneamiento y salud, pero esto no ocurre”, aclaró.
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