RCR, 30 de septiembre de 2021.- Carlos Gálvez, director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMP), dijo en el programa “A fondo” de RCR que el Gobierno debería impulsar una cartera de proyectos mineros, que están listos para ejecutar por más de 20 mil millones de dólares, en lugar de sobrecargar de impuestos a las empresas mineras.
“En estos momentos están en la monserga de querer generar más carga para el sector minero. Me apena que el ministro de Economía Pedro Francke siga esta línea, sin pensar en que más sobrecarga nos hace perder competitividad, sabe que la carga fiscal está en 19% del PBI, y sabe que el 80% de la economía es informal”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR)
Remarcó que, en lugar de aumentar la carga, el Gobierno debería fomentar la actividad económica formal. “Un ejemplo es Tía María, que es una inversión de 1,400 millones de dólares, y que va a generar recaudación al fisco. Lo que se debe fomentar es la ejecución de Quellaveco, Toromocho, Tía María, Galeno y Michiquillay, el yacimiento de sulfuros de Yanacocha, San Gabriel, Jorjohuayco, la expansión de Las Bambas y Hudbay, Zafranal, La Granja. Allí nomás tenemos 20 mil millones de dólares de inversión”, destacó.
Señaló que la satanización tributaria de las empresas privadas es una narrativa que van sembrando ciertos grupos de izquierda y que no se condicen con la realidad. “La renta que toma el Estado está en promedio 50% para el sector minero, sabiendo que hay una escala creciente a los impuestos”, apuntó.
“En estos momentos, la parte alta está en el orden del 57%. Eso no es poco, teniendo en cuenta que las empresas tienen que reinvertir en el tiempo para prolongar su vida e invierten cerca del 30% de la renta generada. Entonces, si el Estado se lleva 50% y se invierte el 30%, lo que puede disponer el accionista es de un 20%”, explicó.
Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo
Sostuvo que en el Perú ha habido contratos de estabilidad jurídica desde la época del gobierno militar y que por eso en el segundo gobierno de Alan García se creó el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo, para que las empresas financien directamente las obras públicas en los departamentos y municipios del país.
“Cuajone se construyó a partir un contrato de estabilidad jurídica. En el segundo gobierno de Alan García, al saber que había estos contratos de estabilidad jurídica, hizo una negociación con las empresas y se creó el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo, que establecía un contrato con el Estado para destinar un porcentaje de utilidades después de impuestos”, apuntó.
“Se estableció que las empresas tenían que identificar los proyectos importantes, esto tenia que consensuarlo con las autoridades y la población. En segundo lugar, la empresa asumía la responsabilidad de los expedientes técnicos de esos proyectos y ese costo era una contribución adicional de la empresa. La gestión se hacía en coordinación con las comunidades. La ejecución pasaba por una auditoría, con lo cual se tenia la eficiencia de estos proyectos”, contó.
Reveló que cuando Ollanta Humala llegó al poder vio que el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo no le convenía, porque él quería manejar el dinero. “No quería que las empresas tengan contacto directo con la población, y cambio este programa de solidaridad con el pueblo y lo convirtió en impuesto extraordinario a la minería o el gravamen especial a la minería, con lo cual quitó la participación de las empresas en estos proyectos. Y a partir de ahí empezó el descontrol que empezaron a manejar las autoridades regionales y locales”, anotó.
“A las autoridades del gobierno central y de los gobiernos regionales y municipales no les interesa que les hagas obras, ellos quieren tener el dinero para tener la posibilidad de robar y generar la corrupción a las que estamos acostumbrados. Sino no tendríamos 23 mil millones de soles perdidos en corrupción en el Estado cada año”, observó.
