Las estimaciones de crecimiento de la economía peruana fueron modificadas por tercera vez de manera consecutiva en el presente año, y en este nuevo gobierno en dos ocasiones. La primera, realizada por el Ministerio de  Economía y Finanzas (MEF) al publicar el Marco Macroeconómico Multianual (MMM 2021-2025) los últimos días de agosto, proyectando un crecimiento de la actividad económica en 10.5 por ciento; mientras que el Banco Central de Reserva (BCRP) en su Reporte de Inflación 2021-2022 publicado en el presente mes, corrige hacia arriba las estimaciones de crecimiento a 11.9 por ciento.

En ambos casos, vamos a experimentar un rebote  estadístico y en el extremo optimista, al recuperar la caída de la actividad económica del año pandémico 2020, cuando el PBI marco un número negativo de 11.0 por ciento, con todas sus secuelas económicas y sociales, principalmente al quitarle oxígeno a la principal arteria generadora de ingresos: el empleo, que también es un combustible que levanta la temperatura social, al aumentar el descontento ciudadano y un sin número de conflictos sociales, presionando al gobierno nacional a buscar soluciones creativas con el ánimo de crear condiciones para una recuperación de las actividades económicas claves y en cierta forma actividades denominadas locomotoras que arrastren a otros sectores para generar empleo; y esto va depender, en buena medida, de cómo financiar e incentivar esta recuperación, que va involucrar también las transferencias no condicionadas a las personas vulnerables, como son los bonos.

Sin embargo, esta trayectoria estadística de recuperación de la actividad económica bastante optimista del MEF y el BCRP, es bien difícil que se pueda cumplir en sus extremos, al existir obstáculos provocados por el propio gobierno, y entre ellos mismos, que no van a permitir trazar vasos comunicantes ni establecer nodos que permitan articular esfuerzos o ensamblar procesos de integración intersectorial para solucionar el principal problema que tiene el país en estos momentos: cómo generar empleo productivo y sostenible?.

En esa línea y con el objetivo de crear más estabilidad en un terreno lleno de incertidumbre, el gobierno nacional plantea crecer (estadísticamente) más allá del 11 por ciento anual, lo cual empuja a buscar mecanismos de financiamiento y diseñar políticas públicas facilitadoras para la reactivación económica sostenible en el tiempo, el cual hasta el momento no se tiene nada definido, más allá de algunos lineamientos de política general de gobierno estipulado en el mensaje del primer ministro expuesta en el congreso de la república a fines de agosto último.

Sin embargo, los números que nos presentan la SUNAT en su reporte de recaudación del mes de agosto, muestran un simbolismo esperanzador: en agosto 2021 los ingresos tributarios del Gobierno Central ascendieron a S/. 13 985 millones, cifra que representó un incremento de 88,2% respecto de agosto 2020, reflejando la recuperación de la actividad económica, con crecimientos importantes del PBI y la Demanda Interna; así como la mayor recaudación de tributos aduaneros asociada al aumento del tipo de cambio (15%), y el incremento de las importaciones que habrían crecido 54,9% en agosto. A nivel de componentes, los tributos internos se incrementaron 73,0%; al igual que los tributos aduaneros que se incrementaron 81,6%.

Por otro lado, las devoluciones de impuestos se incrementaron en 6,4%.(www.sunat.gob.pe). Si queremos mantener un crecimiento sostenible en el tiempo a partir del 2022, un gran cuello de botella será su financiamiento; siendo los ingresos tributarios, de pronto, la única fuente de apoyo para financiar el crecimiento, toda vez que el mecanismo del uso de la deuda pública estará totalmente limitada por el exceso de endeudamiento provocada por la pandemia de 2020.

Se podrá gravar mayores impuestos a las actividades económicas?, definitivamente que no, pues podría hacer colapsar la economía al cargarse mayores costos a las unidades productivas, lo cual empujaría a una mayor informalidad, situación que se quiere evitar. Se racionalizara los gastos tributaros o devoluciones, que representan unos s/16 mil millones al 2020 (al mes de agosto acumularon un valor de s/12 mil millones) para dar paso a un sistema de incentivos tributarios más efectivos en términos de menores gastos y mayor rapidez de aceleración económica en los sectores económicos focalizados (sectores con mayor productividad y diversificación). Se evitara o normara con mayor precisión el mecanismo de elusión tributaria a fin de corregir los huecos legales que la misma norma legal induce.

La pandemia acelero actividades económicas relacionadas a los servicios tecnológicos, servicios financieros intangibles y los juegos de apuestas, el cual podría ser puesto en la mira por la autoridad tributaria para un gravamen tributario que apoye al financiamiento de la economía para los próximos años.

Un elemento importante y catalizador en este proceso de financiamiento para el desarrollo, sería definir la descentralización fiscal como una pieza clave para aumentar los ingresos propios de los gobiernos sub nacionales y mejorar la eficiencia del gasto teniendo como referencia al cierre de brechas y a los presupuestos participativos, que son elementos claves para un gasto social más cerca de la gente.

Viendo de esta manera, se requiere de un cambio en la estructura económica, principalmente en el proceso de desburocratización del aparato público, descongestión de barreras administrativas, e incentivos fiscales y administrativos para alcanzar varios objetivo simultáneos: reducir drásticamente la informalidad de las actividades económicas y el empleo; ampliar la oferta productiva; aumentar la recaudación tributaria; y una
transparencia en el mercado de bienes y servicios.

La reforma económica permitiría mejorar ampliamente la recaudación tributaria, lo cual nos conduciría a una segunda propuesta de enganche social: la pandemia calateo las finanzas personales para hacer frente a los gastos en salud y alimentación; así, se consumieron casi la totalidad de sus ahorros previsionales en sus fondos de pensiones con la enorme incertidumbre de cómo cubrir sus gastos más allá de sus jubilaciones, con una enorme carga social para el Estado que no lo va poder cubrir más adelante.

Se necesita crear un fondo en el presupuesto público para todos los años (uno de ellos seria los saldos presupuestales) a fin de ir cubriendo el forado de la cuentas individuales; se podría crear un impuesto especial calculado sobre la diferencia entre la pensión de jubilación actual y la frontera del 50 por ciento del sueldo de jubilación o llegar al tope del ingreso mínimo. La reforma económica debería apuntar a una verdadera especialización y tecnificación de nuestro capital humano. Elevar su nivel de aprendizaje, sobre todo en los espacios territoriales donde el capital natural es abundante y sub utilizada, sería una acción de política nacional prioritaria con el objetivo único de elevar la productividad, el uso racional de los recursos y reducir las desigualdades territoriales. Un desarrollo inclusivo desde el interior.

No podrías avanzar seguro si es que no apostamos decididamente en un desarrollo planificado de las ciudades. Un ejemplo de lo que NO debería hacerse como ciudad, es Iquitos metropolitana, donde el 50 por ciento de la población de Loreto camina y circula por sus suelos asfaltados lleno de huecos, y por donde lo mires, es una ciudad caos. Crear ciudades intermedias, interconectadas, resilientes, con una infraestructura básica que garantice producción sostenible y vida sana, es lo ideal.