RCR, 21 de septiembre de 2021.– Alberto Balladares Ramírez, especialista en derecho minero y exvocal del consejo de minería, sostuvo que el Gobierno debe dar señales claras para impulsar la cartera de proyectos mineros por 60 mil millones de dólares, que están paralizados desde hace varios años. Precisó que se debe garantizar la estabilidad política y jurídica para atraer a las inversiones en exploración y explotación minera.
“Se tienen que dar otras señales importantes para que los inversionistas vean con buenos ojos al país y puedan continuar con las inversiones en el sector minero. El presidente ha pasado del discurso de campaña a un planteamiento como jefe de Estado. Esta señal tiene que dar otras luces para que los inversionistas puedan venir y encontrar estabilidad política, jurídica y reglas claras. Hay proyectos para los próximos 10 años entre los 57 mil y 60 mil millones de dólares”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Precisó que ha habido un discurso en campaña que ha dejado unas dudas sobre el impuesto a la renta. “El ministro del sector tiene que actuar con inteligencia para manejar alternativas al sistema de explotación y exploración de los recursos mineros a través de las concesiones mineras, pero también puede haber núcleos ejecutores, el aporte voluntario, acciones para comunidades. Hay varias formas que se puedan barajar para que estos proyectos sean viables y los inversionistas los vean con buenos ojos”, indicó.
“Estamos en un momento en que los precios de los minerales están en alza y no debemos desaprovechar esta oportunidad, habida cuenta que somos una potencia en cobre a nivel mundial y las condiciones internacionales son favorables, tiene que haber una conversación con el sector para que sea viable mejorar las reglas de juego. Por ejemplo, el aporte voluntario u otros”, apuntó.
Enfatizó que el Gobierno debe tener un solo discurso y no dos discursos. “Ya pasó la campaña y tiene que haber un discurso. El discurso debe ser dado por el Gobierno. El proyecto Tía María tiene 1,600 millones de dólares que están bajo la tierra. Arequipa es prospera que vive de la minería. Tenemos Conga con 4,600 millones de dólares debajo de la tierra. Se debe conversar para sacar esos minerales, preservando y cuidando el medio ambiente. El principal enemigo no es la minería formal, es la ilegal”, recalcó.
“En la ampliación de Toro Mocho estamos hablando de 1,300 millones, Quellaveco en Moquegua. Se debe solucionar el problema de Las Bambas, porque es una bomba de tiempo que puede explotar. El tema de Mina Justa, hay una serie de proyectos mineros que son necesarios para el país y deben salir para lo cual se debe conversar y tener un solo discurso”, agregó.
El Estado debe cumplir con su papel
Mencionó que el tema de las comunidades es un tema delicado y serio. “En esa zona las reglas de juego se han cambiado en mas de oportunidad, motivo por el cual las comunidades se han alzado. El premier y el ministro de Energía y Minas tienen que tener un solo discurso, a favor de las inversiones mineras, respetando a las comunidades que son las que van a dar la licencia social. La licencia social no existe jurídicamente, solo es un visto o bueno, que las comunidades tienen que dar para que haya paz social”, observó.
“Se tiene que buscar una rentabilidad social, las empresas mineras ya lo han hecho y se puede mejorar, pero no debemos confundir algo. Las empresas no deben reemplazar la función del Estado, el Estado es el responsable constitucionalmente de proveer todo lo que la población necesita, alimentación, vivienda, salud, transporte, caminos, etc. Las empresas deben colaborar, pero no deben reemplazar la función del Estado”, afirmó.
Comentó que durante el conflicto de Tía María el alcalde provincial estaba hablando de la falta del Estado, cuando él también representaba al Estado. “El alcalde provincial y el gobernador regional han tenido y tienen gran cantidad de dinero, pero poco o nada han ejecutado con este proyecto. Por otro lado, la ley del canon minero se tiene que modificar. Esta bien que el canon retorne al gobierno regional, la municipalidad provincial y distrital, pero la ejecución es mínima. Un pequeño porcentaje debe ir a las regiones que no tienen minería. Eso debería ponerse en debate”, remarcó.
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