RCR, 31 de enero 2018.– Los paperos de Huánuco están en pie de lucha y se tornan cada vez más radicales. A las 00.00 horas de hoy se inició el paro nacional agrario indefinido en dicha región, convocado básicamente por la Asociación de Productores de Papa, y según sus dirigentes, esta vez asumen una nueva estrategia en búsqueda de involucrar a más sectores campesinos en todo el país para enfrentar al gobierno, reveló Edwin Miranda, secretario de prensa del Comité regional de lucha agraria de Huánuco.
Por ello, su plataforma incluye como principal exigencia la declaratoria del estado de emergencia de todo el sector agrario en el país, documento que deberá ser firmado por el Presidente de la República y el Consejo de ministros, con el objetivo, según Miranda, que se autorice la reasignación de mayores recursos al presupuesto del Ministerio de Agricultura.
Con esta medida, los paperos pretenden lograr el apoyo de productores de otras ramas agrícolas y agroindustriales, como los arroceros, azucareros, frutales, limoneros, entre otros, expandiendo el conflicto en diversas regiones del país.
El dirigente anunció que esta noche un grupo numerosos de paperos viajarán a Lima, con miras a unirse a los productores de otras zonas del territorio nacional, para luego conformar el Comité Nacional de Lucha Agraria, que será el organismo que dirigirá el paro indefinido.
Miranda señaló que la protesta en Huánuco será pacífica, que respetarán las propiedades y a quienes decidan trabajar. No obstante, afirmó que los campesinos se apostarán en diversos puntos, y que habrá marchas que impedirán el tránsito por lo que no se podrá viajar.
A LO QUE SE ARRIESGAN
Por otro lado, según información del gobierno regional, las autoridades del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) de Huánuco advirtieron que las personas detenidas bloqueando las vías, impidiendo el libre tránsito o perturbando los servicios públicos serán penados hasta con 10 años de cárcel como establece el Código Penal para los delitos de extorsión.
El Coresec emitió un comunicado advirtiendo que la Policía y Fiscalía no permitirán que se cometan actos ilícitos, que detendrán y denunciarán a quienes lo hagan. El gobierno regional dará apoyo con movilidad para trasladar contingentes policiales a zonas de conflicto.
El fiscal superior Manuel Cornejo advirtió que el bloqueo de vías se castiga con una pena mínima de 6 años de cárcel. “Las personas que interrumpen el tránsito están en flagrancia de delito, se les detiene, investiga y en 3 días son sentenciados”, advirtió.
La Policía desplegará efectivos en toda la ciudad para liberar las vías ante eventuales intentos de bloqueo.