RCR, 27 de Julio 2021 .- Carlos Arroyo, director del Programa de Auditoria Ciudadana y Gobierno Abierto de Proética, señaló que Combatir la corrupción debe ser unas de las prioridades en la agenda del gobierno de Pedro Castillo, y debe ser enfrentada de manera planificada.
Indicó también que la propuesta de Pedro Castillo de reducir sueldos en el Estado afectaría la calidad de la gestión pública por la fuga de profesionales altamente calificados al sector privado. También anunció que Proética ha publicado 10 puntos, que el próximo gobierno debería considerar en su agenda de lucha contra la corrupción.
“Es una propuesta populista, habría que ver que tanto les funciona, porque el riesgo está en que se pierde la calidad de gestión de los profesionales que seguramente en el sector privado van a encontrar mejores sueldos que les ofrece el Estado. Perder esa capacidad no es el mejor camino. Más que preocuparnos por algunos altos sueldos, deberíamos preocuparnos por disminuir desigualdades. Hay un populismo porque hay un gran sector que no llega hasta esa capacidad de ingresos como los puedan estar teniendo funcionarios públicos”, dijo.
Comentó, en declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR), que los profesores han tenido una serie de incrementos salariales en los últimos años, que seguramente no son suficientes, pero expresó que lo importante es que la ley servir no va a prosperar sino hay voluntad política del presidente y esta voluntad también tiene que venir del Congreso. “Es un trabajo articulado si queremos mejorar las condiciones de la atención pública en cualquier estamento del Estado”, indicó.
Respecto a la agenda anticorrupción, manifestó que dentro de los diez puntos está, por ejemplo, reimpulsar la ley del servicio civil y mejorar la protección a denunciantes. “También se debe revisar y mejorar las reformas al financiamiento político. También garantizar la independencia de las investigaciones de gran corrupción, como el caso ‘Cuellos Blancos’, ‘Lava Jato’. Está el tema de reforzar el código de ética pública dentro del aparato estatal. Algo que sí nos interesa es enfrentar con más decisión los crímenes ambientales, porque estás aparecen de mano de la corrupción”, afirmó.
“Hace poco la Contraloría ha sacado un informe donde nos decían que el Perú pierde aproximadamente al año 23,000 millones de soles. Lo otro es que hace algunos días la encuestadora Ipsos sacó que el 42% de la población sigue viendo a la corrupción como un serio problema que debe abordar el nuevo gobierno. Es casi la mitad de la población y además en nuestra última encuesta del 2019, la población ve como segundo problema importante la corrupción”, dijo.
Mencionó que la Contraloría ha entrado desde hace unos años a una reforma bastante interesante y es el soporte del Ejecutivo y del Congreso. “Eso tiene que ver con fortalecer el sistema de control interno, que viene implementando la Contraloría, al lado de los gobiernos subnacionales, implica una serie de condicionamientos para garantizar la gestión de riesgo, pero todavía no esta fortalecido en toda su dimensión”, precisó.
“Desde el Ejecutivo la Secretaría de Integridad Pública están implementando un modelo de integridad, que implica que, por ejemplo, los gobiernos regionales tengan un oficial de integridad que se encargue de fortalecer capacidades en ética pública, de trabajar con la población en campañas para que denuncien actos de corrupción, que tenga un canal de denuncias”, expresó.
Declaró que los contratos de gobierno a gobierno nos son accesibles a la ciudadanía y deberíamos tener claro que está pasando. “La reconstrucción con cambios no ha tenido muchos cambios, pero sí ha tenido bastante presupuesto y ejecución de gasto en estos cinco años del último fenómeno que ha tenido el norte. Además, la pandemia nos impulsó a otro momento crítico, que también nos hace pensar en que tan transparente es el gobierno”, subrayó.
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