RCR, 10 de enero 2018.- Gerardo Távara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia dijo que esta Ley tiene mucha significancia para mejorar la confianza de los electores, que ya están hartos de convivir a diario con noticias de autoridades corruptas.

La aprobación de la ley que impide a los condenados por corrupción, terrorismo, narcotráfico y violación sexual postular a cargos de elección popular es una importante reforma electoral que fue impulsada por la Asociación Civil Transparencia desde antes de las elecciones del 2014, porque se había detectado que entre los candidatos había un significativo número de personas con antecedentes penales por diversos delitos, sostuvo Gerardo Távara, secretario general de la citada institución, en comunicación con Red de Comunicación Regional (RCR).

La publicación de la norma, justamente en la víspera de la convocatoria a elecciones municipales y regionales para el domingo 7 de octubre, fue saludada por Távara, porque de esta manera, su aplicación será inmediata en los comicios que se avecinan.

“Hoy, 10 de enero, ha sido publicada la Ley en el diario Oficial El Peruano. Para que pudiera entrar en vigencia tenía que ser aprobada por lo menos con un día de anticipación a la convocatoria, lo que se produjo ayer”, explicó.

La norma, dijo, ayudará a impedir que en las listas de movimientos regionales y partidos políticos se encuentren personas que hayan cometido delitos de terrorismo, corrupción de tráfico de drogas y violación. Es un paso importante, ya que estamos convencidos que ninguno de nosotros merece tener como alcalde, regidor o gobernador regional a una persona que haya cometido delitos de esa magnitud.

SANCIÓN DE POR VIDA

Detalló que esta es una sanción de por vida que se aplica incluso a las personas que ya hayan pagado su condena.

“Nunca más, ninguna persona que haya cometido un delito de los mencionados, aunque ya esté fuera de la cárcel y hayan pasado muchos años de cumplida su condena, NO podrá ser candidato para alcalde, gobernador o consejero regional, congresistas, ni Presidente de la República”, enfatizó.

Távara señaló que esta Ley tiene mucha significancia para mejorar la confianza de los electores, que ya están hartas de convivir a diario con noticias de autoridades corruptas. Mencionó casos de personas que habiendo sido elegidos como gobernadores, fueron luego condenados por corrupción, pero volvieron a postular y ganaron nuevamente la elección.

“El actual gobernador regional de Tumbes (Arq. Ricardo Flores Dioses), fue antes alcalde provincial de esa ciudad. Al final de su gestión, el PJ lo condenó por corrupción. Sin embargo, diez años después, fue candidato para gobernador regional y ganó la elección. Ahora, nuevamente, tiene acumuladas una serie de denuncias por corrupción”, expresó.

Otro caso, se explayó, fue el de Waldo Ríos, ex gobernador de la región Ancash, a quien se condenó por haberse vendido a Vladimiro Montesinos cuando fue congresista en el año 2000.   Sin embargo, postuló al gobierno regional de Áncash y fue elegido. La paradoja es que ahora está nuevamente en la cárcel por delitos de corrupción.

Ese tipo de personas no podrán ser candidato nunca más en virtud de esta ley, afirmó Távara.

Finalmente, dijo, aunque esta ley no alcanza al prófugo Walter Aduviri, cabecilla del “aimarazo” en la región Puno el 2011, por no corresponder al delito por el que ha sido condenado en firme, el secretario de Transparencia afirmó que tampoco podrá ser candidato en estas elecciones, debido a que nadie que tenga una condena vigente por delito doloso puede postular a cargo público, cualquiera fuera el delito imputado.