Juntos por el Perú y Nuevo Perú se unen a Perú Libre.  

El 5 de mayo del 2021 el partido político Juntos por el Perú y la agrupación Nuevo Perú han sellado una alianza electoral con el partido Perú Libre, del candidato Pedro Castillo, con miras a enfrentar la segunda vuelta electoral. Además, el propio candidato Castillo ha publicado un comunicado que contiene 10 compromisos, entre los que ha relativizado la convocatoria, mediante la aceptación de hacerlo dentro del marco jurídico vigente, de una Asamblea Constituyente para el cambio de la actual Constitución Política. La prensa ha resaltado por todo lo alto este hecho político. A pesar de que el punto referente a la Asamblea Constituyente ha sido colocado en el tercer lugar, es obvio que este es el punto esencial en las propuestas electorales. Además, tal como ha sido redactado este compromiso, colisiona con la Constitución Política, debido a que el mecanismo de su propia reforma está regulado por el artículo 206. Y las materias que pueden ser sometidas a referéndum están contenidas en el artículo 32, en el que no existe la Asamblea Constituyente. 

La actual Constitución solo prevé su reforma, mas no su cambio. Los mecanismos ya se han aplicado en numerosas oportunidades, según su artículo 206, que señala que “toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas”. Es decir, más de 87 votos. En ese sentido, el “compromiso” del candidato de respetar “el marco jurídico vigente” genera múltiples controversias, porque sería necesario modificar previamente la actual Constitución Política para incluir la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente. Y como ya es conocido, el partido Patria Libre y su nuevo aliado no tendrán mayoría en la futura composición congresal. Es decir, existe el riesgo de que para aprobar esa propuesta se insista otra vez, tal como lo hizo el expresidente Martín Vizcarra, con la figura de la “cuestión de confianza” por dos oportunidades y luego cerrar el Congreso de la República. El desenlace de esa futura confrontación política abre un enorme abanico de posibilidades, desde el abandono de la propuesta o el allanamiento de la mayoría congresal, hasta el cierre del Congreso. 

Otro aspecto que ha llamado la atención es la escasa referencia al tema de la salud, a pesar de que le dedica los dos primeros compromisos. El primero se refiere exclusivamente a la meta de vacunar a todos los peruanos, sin discriminación ni privilegios. Y el segundo compromiso señala que la política de salud será sobre la base de la evidencia científica. Para dicho fin creará el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¡Nada más! La pobreza del compromiso por la salud resalta la falta de consenso entre los aliados que, cómo se evidencia en los planes de gobierno, tienen propuestas disímiles y hasta opuestas. Por un lado, Patria Libre propone la creación de un sistema único de salud estatal; por otro, Juntos por el Perú propone continuar con el aseguramiento mercantilista de los gobiernos de Humala, Vizcarra y Sagasti. Es necesario remarcar que el Partido Morado ha insistido, sobre todo, en la ciencia y la tecnología, a tal punto que el propio presidente Sagasti presidió esa comisión en su labor congresal. Es decir, la alianza electoral ha dejado para la imaginación de los votantes si continuará con la criticada política de salud actual, incluidos sus funcionarios, o avanzará hacia la estatización total de los servicios de salud. Es obvio que los debates “se procesarán a la interna”, porque como se puede apreciar, con la presente alianza electoral el candidato Pedro Castillo se ha transformado en el candidato oficialista. 

Los tres primeros compromisos tienen relación directa con la política de salud, y contravienen los consensos logrados en el Foro del Acuerdo Nacional, que plantean avanzar hacia la seguridad social universal en salud. Por un lado, en el año 2002 se aprobaron las Políticas de Estado, entre las cuales se encuentra la Política XIII, denominada “Acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social”; y por otro, el año 2015, se aprobó el consenso denominado “Los objetivos de la Reforma”, en el que se reconoce que “la salud y la Seguridad Social son derechos fundamentales para el desarrollo humano y la igualdad de oportunidades que generan las condiciones para una vida digna y plena. Bajo este principio la reforma de salud debe tener a las personas como la finalidad de las medidas de cambio y mejora continua del sistema de salud”. Además, señala que es necesario “fortalecer el Seguro Integral de Salud como seguro público para avanzar hacia la Seguridad Social Universal en Salud…”. Por si fuera poco, la ruta de la Seguridad Social Universal en Salud ha sido ratificada una vez más, el año 2020, como consecuencia del intento fallido del expresidente Martín Vizcarra de introducir el aseguramiento mercantilista mediante el Pacto Perú. 

El sufrimiento y la muerte debido a la pandemia, así como los enormes conflictos laborales y sociales, han demostrado el fracaso del modelo de aseguramiento mercantilista en salud. ¡Es increíble e incomprensible que se persista con la misma política sanitaria!