La urgencia de consensuar para luchar contra la pandemia.

Los resultados preliminares de la primera vuelta de las elecciones generales del 11 de abril del 2021 ratifican la experiencia electoral para el Congreso Complementario, ocurrida el 26 de enero del 2020. Es decir, la dispersión del voto y la fragmentación de la representación política en el Congreso de la República. La elección presidencial ha seguido el mismo patrón, porque cada uno de los candidatos ha obtenido menos del quinto del universo electoral. En ese sentido, todos son perdedores porque no han logrado aglutinar siquiera un caudal electoral que asegure la legitimidad en las futuras acciones de gobierno, fortalezca la democracia y disuada a los grupos que enarbolan la frase “no nos representan”.

La escasa votación obtenida por los candidatos obedece, entre otros aspectos, al formato del proceso electoral, creado luego del referéndum constitucional de diciembre del 2018, que fortaleció la intromisión del Estado en el proceso electoral. Y en consecuencia, los partidos políticos cedieron prerrogativas en favor del sistema electoral. En ese sentido, la ley autorizó la transferencia de fondos públicos para los gastos de campaña y de la franja electoral, la restricción y descrédito de la participación del sector privado en los aportes a los partidos y las prerrogativas de la ONPE para supervisar las cuentas bancarias de los partidos políticos. Además, no hay olvidar que un factor agravante es el equivocado diagnóstico de la realidad nacional por parte del Jurado Nacional de Elecciones, que se expresó en la agenda del debate electoral y su formato, con escasos tiempos de 30 y 60 segundos por intervención de cada candidato; y que tuvo como consecuencia la equivocada percepción de un divorcio entre la oferta electoral y, por otro lado, las necesidades y demandas de la población. Por si fuera poco, a todas estas falencias se sumó el pico más alto de la pandemia Covid-19 en el Perú.

Es necesario recordar que el argumento para reformar el tema electoral de la Constitución Política ha sido evitar el ingreso de dinero sucio y crear una igualdad de oportunidades para todos los partidos y candidatos. Sin embargo, luego del proceso electoral es necesario evaluar si esa intromisión del Estado ha fortalecido o perjudicado la libertad de elegir inherentes a la democracia. Al final, las democracias se transforman en dictaduras cuando el exceso de normas, reglamentos y procedimientos electorales, con el argumento de proteger y ampliar la participación de los excluidos para “profundizar la democracia”, sustituyen la libertad y la igualdad de los ciudadanos para tomar sus propias decisiones y para elegir y ser elegidos.

En esta circunstancia, debido al sistema electoral peruano que hemos descrito, las dos minorías más votadas han pasado a la segunda vuelta y se aprestan a competir en una segunda elección el 6 de junio del 2021. En ese sentido, es comprensible la desazón de la mayoría de la población, que ha apoyado a otros candidatos y que, como es obvio, ahora no se sienten representados. El reto de esta segunda vuelta electoral es que estos candidatos se conecten con estos ciudadanos y logren representarlos. No es tarea fácil. Implica una reingeniería del partido, incorporación de nuevos técnicos y cuadros políticos, así como una modificación sustancial del plan y programa de gobierno para incorporar las demandas y aspiraciones de estos nuevos electores; además, de tender puentes y construir alianzas políticas consistentes. La presente coyuntura es compleja porque exige no solo consolidar el triunfo para la Presidencia de la República, sino también conseguir una alianza coherente y sólida para conducir el Congreso de la República sobre la base de una agenda consensuada. No debe repetirse la experiencia del año 2016, que se enfocó solo en el triunfo electoral presidencial.

La capacidad de los líderes que han pasado a la segunda vuelta sorteará una primera prueba, por la urgencia de consensuar, en la lucha contra la pandemia. El gobierno saliente ha reconocido que el “Estado ha fallado”; es decir, que se impone la aplicación de medidas urgentes para enrumbar las acciones del gobierno. El candidato que logre una mayor convocatoria de las “mentes brillantes” y logre acuerdos para luchar contra la pandemia abrirá la trocha para un consenso mayor mediante el reajuste de su plan de gobierno del sector salud y del Sistema Nacional de Salud; y sobre esa base, de todo su Plan de Gobierno. A pesar de todo, hay promesas ideológicas que representan la esencia misma de esas candidaturas que van a requerir un enorme esfuerzo de difusión y pedagogía de sus líderes con la finalidad de obtener nuevas adhesiones de la población. Sin embargo, deben evitar caer en la situación de aislamiento endilgado por otras fuerzas políticas. En ese sentido, ambos partidos que han pasado a la segunda vuelta corren ese riesgo.

Hay tiempo suficiente hasta el 6 de junio del 2021 para establecer mejores relaciones con la población, para construir puentes y limar asperezas. Están dadas las condiciones para que la fragmentación electoral exprese la diversidad y la pluralidad de la democracia y se logre un acuerdo nacional que asegure la gobernabilidad del país. ¡Cuidado! La polarización y el conflicto generan el ambiente propicio para la irrupción del fundamentalismo y los antisistema. ¡Urge acuerdo y gobernabilidad!