Una de las consecuencias directas generadas a partir de la dación de la ley 30897 que crea el Fideicomiso (ley de negociación y sustitución de recursos presupuestales para Loreto) es la reducción progresiva de la participación del gobierno nacional en la transferencia de recursos financieros hacia Loreto por la fuente Recursos Ordinarios; y es que la misma ley negociada donde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) jugo un rol importante direccionando el contenido de la (propuesta de) Ley hacia inversiones en infraestructura e incluso aquellas contenidas en la Ley de Promoción de Inversión en la Amazonia (Ley 27037). La lucha histórica (no de un mes de negociación) era por eliminar el perverso reintegro tributario por un mecanismo de compensación directa (no sustitución) para tres ejes fundamentales para promover desarrollo territorial con inclusión: (1) desarrollo productivo-diversificado, (2) capacitación para jóvenes en ciencia y tecnología y, (3) turismo rural comunitario.
El fruto de la negociación ahora tienen sus resultados; en el presupuesto fiscal inicial 2021 la participación del gobierno nacional en la financiación de inversiones en la cuenta del GORE Loreto fue de s/11 millones 751 mil, al finalizar el primer trimestre este monto fue modificado a s/1 millón 900 mil; representando un hecho singular y atípico para el Gore Loreto; pero en un contexto de lógica presupuestal del MEF al evaluar la ejecución presupuestal en los dos últimos años (2019-20), como también las oportunidades de apalancamiento de financiamiento que contiene el espíritu de todo fideicomiso de ingreso (caja) como
es el caso de la Ley 30897 donde el GORE Loreto está consiguiendo el apalancamiento (adelanto) de fondos de hasta cuatro (4) años por alrededor de s/1 mil millones para ser ejecutados en estos dos últimos años (2021-22). Para añadir a esta lógica presupuestal del MEF, de acuerdo a la sexta disposición complementarias finales de la Ley 31086 (publicado el 6 de diciembre de 2021), Ley de Endeudamiento para el año fiscal 2021, dispone que la transferencia de recursos del Gobierno Regional de Loreto, se realice en el año fiscal 2021 al Fideicomiso a que hace referencia la Ley 30712 (que elimina el IGV a los pasajes aéreos desde y hacia Iquitos) con un monto indexado de s/30 millones hasta el 2031 para financiar los estudios definitivos y obras preliminares en la construcción de la carretera que comprende la ruta Iquitos-Santa María de Nanay-12 de octubre-Andoas-Saramiriza declarado de necesidad pública mediante Ley 30670.
No es de extrañar entonces que la reducción (y la probable desaparición) de la cuenta Recursos Ordinarios (RO) para generar inversiones en Loreto como aporte del Gobierno Nacional, tiene su lógica en una fallida negociación de recursos por sustitución de inversiones, arrugando la disposición del GORE Loreto de hacer gestiones en procura de mayores recursos para disminuir las enormes brechas estructurales, sobre todo en la zona rural y de fronteras. Los propulsores de estas negociaciones de leyes (Reintegro Tributario e IGV a los pasajes) creen (concepción mezquina y personal) que el desarrollo económico y social de Loreto pasa por la provisión estricta de inversiones de infraestructura física.
