El empresario brasileño saldrá de prisión el martes 19 y cumplirá arresto domiciliario hasta el año 2020 en su lujosa mansión de 3.000 metros cuadrados.
Una mansión de 3.000 metros cuadrados –valuada en unos US$9 millones– será la nueva cárcel de Marcelo Odebrecht, el ex presidente de la constructora que protagonizó el mayor escándalo de corrupción en Brasil y Latinoamérica.
Su empresa fue el eje de la corrupción que ha comprometido a otros 12 países, pero gracias al acuerdo de delación premiada, a raíz de su colaboración eficaz, Marcelo Odebrecht podrá pasar su condena fuera de un penal.
Por ello, el empresario brasileño dejará pronto la prisión de la Policía Federal de Curitiba, capital del estado de Paraná. Así, Marcelo Bahía Odebrecht tendrá derecho a volver a vivir con su familia en su mansión ubicada en el barrio de Morumbí, en Sao Pablo.
Como se sabe, el juez Sérgio Moro condenó a Marcelo Odebrecht a 19 años de prisión. Tras dos años y seis meses en prisión, el empresario se acogió al acuerdo de delación premiada y por ello la rigurosidad en torno a su pena se ha visto aliviada a un régimen semi abierto. Junto a él otros 77 ejecutivos del grupo Odebrecht hicieron el mismo acuerdo.
Una «prisión» de 9 millones de dólares
Según el diario O Estado de Sao Paulo, Marcelo Odebrecht dejará de compartir su celda con un contrabandista de divisas y pasará pronto a vivir con su familia en un lujoso inmueble en el barrio cerrado de mansiones Jardim Pignatari, en el barrio de Morumbí.
El nuevo castillo que Odebrecht no podrá dejar durante los próximos años cuenta con muros y cercas electrificadas, además de guardias privados. Tiene a sus órdenes una piscina y cancha de fútbol.
Esta mansión de 3.000 metros cuadrados se ubica a 2.500 metros del estadio del club Sao Paulo, el Cícero Pompeu de Toledo (estadio Morumbí), y a 950 metros de la sede de la gobernación del estado de Sao Paulo.
Según el acuerdo de delación premiada, Marcelo Odebrecht recién podría dejar su lujosa «prisión» en el año 2020. El acuerdo fue homologado el pasado 28 de enero por el Supremo Tribunal Federal.
